Entidades exigen que el desalojo del antiguo circuito de la Formula 1 en València cumpla los derechos y piden alternativas habitacionales

València

Oltra señala que Catalá "ha vendido la ciudad a la especulación" y PSPV pedirá la paralización del PAI hasta que haya una solución

  • La candidata de Compromís a la Alcaldía de València, Mónica Oltra (c), en el acto.
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VALÈNCIA (EP). Entidades sociales, junto a partidos de izquierdas, se han concentrado este miércoles en apoyo de las más de 800 personas que calculan que viven en el asentamiento del antiguo circuito urbano de la Fórmula 1 y para reclamar que su desalojo para la construcción del nuevo PAI del Grao se realice sea bajo tutelaje judicial y para reclamar asimismo un plan de choque de intervención social y una mesa de diálogo.

Así, ONGs y representantes de PSPV, Compromís, Podemos se han movilizado a las puertas del antiguo circuito tras recibir "un chivatazo" de que este miércoles se iba a llevar a cabo el desalojo de las cerca de 400 chabolas que hay en este asentamiento de más 24 hectáreas, en las que viven personas "muy vulnerables de muy diversos perfiles y nacionalidades, también españolas, familias con menores, personas mayores, personas enfermas, apátridas, y también personas que trabajan pero que ni aún así pueden afrontar un alquiler".

Así, lo ha señalado Ana Isabel Martínez, una de las portavoces de la Plataforma de Solidaridad con los Residentes del Fórmula 1, que integra más de 40 colectivas, sindicatos y partidos políticos.

Al respecto, ha explicado que tras el desbloqueo del PAI del Grau en mayo y el calendario de obras "evidentemente se tiene que producir un desalojo", pero ha recalcado que "no puede ser ilegal", sino que debe realizarse "bajo un tutelaje judicial respetado los derechos de las personas".

Asimismo, reclaman un plan de choque de intervención social que estudie "caso por caso" y "una mesa de diálogo entre inversores, administración pública y las entidades para que todas las partes interesadas pueden salir ganando". Por todo ello, ha recalcado que "si no se cumple el marco legal" seguirán "esta resistencia colectiva y participativa": "Vamos a poner el cuerpo, vamos a poner resistencia".

Una de las personas que vive en este asentamiento es Fabián, un ciudadano español de 46 años que lleva aquí cinco porque perdió el empleo y tiene problemas visuales. Cuenta que este verano ha habido muchos golpes de calor entre las personas que viven, en las que hay familias con niños, porque no tienen agua y han tenido que ir al hospital, pero "ni aún así el Ayuntamiento nos trae agua". Se abastecen de las dos únicas fuentes cercanas que hay, pero "a veces les cortan el agua". Para la higiene personal "cada uno se debe buscar la vida".

Muchos, ha señalado, pierden el trabajo porque no pueden asearse y otros están aquí porque no pueden acceder a un alquiler. Está deseando irse", ha constatado. También piden al Ayuntamiento que limpie "el solar, pero no retiran la basura". Además, ha lamentado que la Policía Nacional "les identifique todos los días". "Somos gente tranquila, si hay que gente que roba que vayan a por ellos, pero que nos dejen a los demás", ha reclamado.

Mohamed, que procede de los campamentos de refugiados de Sahara Occidental, ha coincidido en que la falta de condiciones e higiene: "Aunque tengas la chabola más limpia del mundo nadie quiere vivir en una porcilga, estar rodeados de escombros y basura". Ha afirmado que "reciben todo tipo de presiones" para irse, pero que pese a tener trabajo es difícil encontrar un alquiler con el sueldo que cobra y por tener que mandar también dinero a su familia. "Últimamente ha venido mucha gente expulsada" de otros asentamientos y no conoce a nadie a quien le haya ofrecido una alternativa. Respecto a la seguridad, ha afirmado que "nadie inteligente va a robar donde vive".

Por su parte, la candidata de Compromís al Ayuntamiento, Mónica Oltra, ha lamentado que este drama social que se vive "refleja el modelo de ciudad de Camps --expresidente de la Generalitat-- y de Barberá --exalcaldesa-- que solo atiende a la especulación y a los intereses de los más ricos y abandona a su suerte la gente que vive en esta ciudad".

"Aquí hace un poco más de una década estaban corriendo los Ferraris y ahora en los escombros que han quedado viven más de 800 personas en infraviviendas", ha apuntado Oltra, que ha advertido:"También es el modelo de ciudad Ayuso-Almeida, lo está repitiendo en Madrid y lo que espera es este resultado".

Oltra ha señalado que "la situación se ha cronificado" y "multiplicado exponencialmente porque "si en el año 2022 había unas 50 de personas y ahora estamos hablando de unas mil" y al respecto ha recalcado que precisamnete la Ley de la Vivinda es de 2023 "Catalá y PP y Vox no la aplica" y "harán que a las viviendas se les queden fondos de inversión extranjeros y personas ricas", ha señalado Oltra, que ha recordado que "la viviendas más barata costará 320.000 euros, lo que no puede pagar una persona trabajadora que gana el salario mínimo interprofesional".

Alternativa habitacional

Del mismo modo, el portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha anunciado que el PSPV presentará una moción para exigir "la paralización del PAI del Grau hasta que se garantice una alternativa social y habitacional a las alrededor de 800 personas que viven en este asentamiento". "Lo que tenemos aquí condensa un modelo de València de PP y Vox absolutamente fracasado y que ha colapsado porque enriquece a unos pocos mientras expulsa a la mayoría", ha remarcado.

Sanjuan ha señalado que a estas personas "se le está haciendo la vida imposible" al "negarles el agua, la atención social, incluso a ser incluidas en un censo del Ayuntamiento de València" porque "se ha aprobado un PAI que va a garantizar más de 400 millones de euros de beneficio a los promotores inmobiliarios". "Es ahí cuando esta gente ha empezado a estorbar y han comenzado a ser acosada por el Ayuntamiento, pero tienen los mismos derechos que las personas que viven en la calle Císcar o Gran Vía", ha recalcado.

Asimismo, el portavoz de Podemos, Adrián Navalón, ha recalcado que los residentes del Fórmula 1 "tienen derechos y que para echarlos tiene que haber un procedimiento judicial" y ha urgido a la alcaldesa ha crear una mesa para consensuar una salida social y habitacional".

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