VALÈNCIA (EP). El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de la provincia de Valencia advierte que la implantación de la tasa de residuos en los municipios está generando "un escenario de alta complejidad técnica y jurídica, marcado por el aumento de la litigiosidad y la dificultad de adaptar la normativa a la realidad económica local".

"La Ley 7/2022, que establece el principio de quien contamina, paga, obliga a las entidades locales a aprobar una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos antes de abril de 2025. Un año después del inicio de su despliegue, la aplicación de esta medida dista de haber alcanzado los objetivos previstos", expone en un comunicado.

Según Cosital, la ciudadanía muestra reticencias ante un nuevo gravamen, mientras los ayuntamientos se enfrentan a importantes dificultades técnicas para calcular el coste real del servicio sin generar déficit, en un contexto además de confrontación sobre su implementación.

En este escenario, el presidente de la entidad en Valencia, Vicente León Miravet, denuncia que "la financiación de la gestión de residuos se ha convertido en un auténtico laberinto jurídico para los municipios", en referencia a las exigencias derivadas de la normativa estatal y europea.

El papel de los habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros de la administración local) resulta "clave" para garantizar la legalidad y viabilidad financiera de las ordenanzas fiscales: "No son meros espectadores, sino el pilar que permite que una ordenanza fiscal sea una herramienta efectiva y ajustada a la ley".

Además, desde Cosital subrayan la dificultad de equilibrar los costes del servicio con la realidad social: "Se está intentando cuadrar el coste real del servicio con la capacidad económica del vecino, buscando fórmulas que permitan que la tasa sea justa y cumpla con el mandato legal".

Y alertan que "la situación actual evidencia un incremento de los conflictos judiciales", ya que "diversas resoluciones han declarado la nulidad de ordenanzas municipales; no por la falta de base legal del tributo, sino por deficiencias en los informes técnico-económicos o por no incorporar sistemas que incentiven la reducción de residuos, como el pago por generación. Estas decisiones han obligado en algunos casos a paralizar la recaudación o a devolver importes ya cobrados".

"El problema no es la existencia del servicio ni la base legal de la tasa, sino cómo se está diseñando e implementando en algunos casos", resume el presidente de Cosital Valencia.

Más transparencia y comprensión ciudadana

La normativa, de carácter ambicioso, plantea "un reto comunicativo" para las administraciones locales, por lo que Cosital insiste en la necesidad de trasladar mejor la información a la ciudadanía: "Es fundamental explicar que detrás de cada recibo hay un esfuerzo técnico por adaptar el municipio a las exigencias climáticas y normativas actuales".

También recuerda que el origen de esta obligación es europeo y advierte de sus consecuencias: "El incumplimiento de estas directrices podría derivar en sanciones económicas para el Estado español. En este contexto, la implantación de la tasa de residuos marca un cambio de modelo en la financiación de los servicios municipales". Y concluye: "Estamos ante el fin de la basura 'gratis' y ante un sistema que exige mayor transparencia y comprensión por parte de la ciudadanía".