Malas noticias para quienes buscan piso de alquiler en València. La empresa Nuevas Tecnologías de Financiación (NTF), propiedad del promotor Javier Timoner, comunicó este lunes al Ayuntamiento de València que se retira de la licitación para la construcción de 227 viviendas de alquiler social en cuatro solares de la ciudad, que estaba a punto de adjudicarse. El motivo, según el escrito presentado al consistorio, es que la polémica y el “ruido mediático” generado alrededor de este concurso han hecho que se retiren del proyecto los inversores, de manera que “el aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados" que debían aportarse al proyecto "no han podido conseguirse". NTF fue la única empresa que se presentó al concurso convocado el pasado mes de septiembre y había recibido el visto bueno de la mesa de contratación, por lo que solo le faltaba aportar esta semana las garantías para ajudicarse el derecho de superficie de los cuatro solares municipales.

La polémica a la que se refiere la promotora valenciana ha girado en torno al hecho de que Javier Timoner está casado con la diputada del PP en el Congreso Alma Alfonso, quien es además una política del círculo de la alcaldesa María José Catalá. NTC señala directamente a quien considera culpable del naufragio de su proyecto: el portavoz del PSPV en el Consistorio, Borja Sanjuán. En su escrito afirma que la causa de su renuncia está en “las repetidas insidias vertidas profusamente contra esta empresa y su administrador por parte del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia”. 

La compañía lamenta “con profunda decepción” verse obligada a retirarse de la licitación “a pesar de haber puesto toda la diligencia exigible para cumplir con todos los requisitos, lo que ha sido impedido por la maledicencia gratuita”. Según explica, la propuesta presentada por Nuevas Tecnología de Financiación estaba vinculada a un “proceso de negociación de la financiación ajena complementaria que se deberá justificar previamente, en su caso, a la adjudicación y firma del contrato, quedando la propuesta sujeta a este aseguramiento”. Añade el escrito que tras haberse frustrado el citado apoyo financiero previamente apalabrado, hecho del que culpan al portavoz socialista, la compañía y su administrador se reservan “cuantas acciones civiles y penales, y muy especialmente de resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos y de protección del derecho al honor, nos correspondan”.

El concurso público lanzado por la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Juan Giner, suponía la cesión al promotor de los derechos de superficie de cuatros suelos de propiedad municipal, tres en es barrio de Nou Moles y uno en La Torre, que suman 5.109 metros cuadrados de terreno y una edificabilidad de 27.466 metros cuadrados para la construcción de 221 viviendas, aunque el proyecto presentado por la empresa sumaba seis más, hasta 227. Concretamente, dos terrenos están en la calle Brasil (70 y 40 viviendas en la licitación), otro en la calle de la Pilota Valenciana (16) y el cuarto se ubica en el sector de La Torre, antiguo Sociópolis, con capacidad para otras 95 unidades. El presupuesto que había presentado la empresa era de 30,77 millones de euros.

Tras la cesión de los derechos de superficie a la promotora para que construya en estos terrenos las viviendas, que obligatoriamente serán de protección pública, la empresa podrá explotarlas durante 65 años, con posibilidad de prórroga de 10 más. Una vez finalizado el plazo, los inmuebles pasan a manos del Consistorio, que en todo momento es el propietario de las viviendas. La licitación no exigía ningún canon a las empresas "con el fin de lograr la mayor concurrencia posible y obtener otras ventajas como la reducción del plazo, la presentación de proyectos de una mayor calidad arquitectónica o la mejora en el cumplimiento de criterios sociales", y prevé para la adjudicataria un beneficio de 155 millones de euros durante el período de cesión. La cesión de los derechos de superficie es una de las vías contempladas en el bautizado como Plan + Vivienda, impulsado por el Ayuntamiento de València con el objetivo de aumentar en 1.000 viviendas las viviendas públicas y protegidas en la ciudad.

Daño social "irreparable"

Fuentes de NTF, que han confirmado a este diario su desistimiento, afirman que esta situación provoca un daño social “irreparable”, ya que consideran que el proceso de construcción de 227 viviendas en València "sufrirá un grave retraso", y lamentan que este proyecto de vivienda social "quedará ahora paralizado en un momento de emergencia habitacional en la ciudad de València y de escasez de vivienda social".

Recuerdan que el proceso ha sido un concurso público abierto a la concurrencia de empresas y que Nuevas Tecnologías de Financiación era la única que se presentó, y rechazan las declaraciones de Borja Sanjuán, que consideran una “difamación vertida por un político que primero ha manifestado públicamente sospechas y, después, sin mayor motivo, las ha convertido en certezas, buscando una repercusión al servicio de sus propósitos políticos personales aun con perjuicio del bien público". Desmienten que el administrador de la empresa, Javier Timoner, haya ocupado ningún cargo directivo en ninguna empresa condenada por financiación irregular y sostienen que no existe ningún motivo que impida a su empresa optar a contrataciones de la administración pública. Además, la empresa asegura que le rentabilidad económica de estos proyectos de vivienda social está en torno al 4% de la inversión, un margen "muy limitado" que explicaría la baja concurrencia de empresas que optan a licitaciones de este tipo.