VALÈNCIA (EP). La Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha mantenido una reunión con el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, Juan Giner, para trasladarle la "gran preocupación" existente en torno a la cuestión de la vivienda en la ciudad y para pedirle una serie de reclamaciones como que vuelva a funcionar la oficina municipal por el derecho a la vivienda.

Desde la entidad vecinal han criticado en un comunicado que permanece el "apagón informativo" por parte del equipo de gobierno municipal respecto a las viviendas turísticas que se está permitiendo abrir, petición a la que aseguran que el concejal se ha "comprometido a hacer públicos los datos en el próximo trimestre".

La Federación también ha reiterado la necesidad de incluir la "incompatibilidad" de estas viviendas con las de uso residencial en la nueva normativa y ha solicitado que los inmuebles residenciales en los que el Ayuntamiento tenga la propiedad mayoritaria promueva la prohibición del alojamiento turístico modificando los estatutos de las fincas en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.

La FAAVV ha presentado al concejal en la reunión, celebrado este miércoles, la campaña 'Que tu vecino/a no pierda el nombre', una iniciativa que ha recibido la felicitación del edil, que se ha "comprometido" a prohibir "apartamentos turísticos en los edificios de viviendas de los que el Ayuntamiento es propietario principal", según asegura la entidad.

La presidenta de la Federación vecinal, María José Broseta, ha pedido que se recupere la oficina municipal por el derecho a la vivineda que consideran un "servicio necesario". "Es una cuestión de extrema gravedad. No puede ser que se cierre un servicio de amparo mientras el Ayuntamiento abre otro de desamparo poniendo el foco en algo residual como la okupación generando un impacto negativo y de miedo entre la ciudadanía", ha expuesto.

En la reunión, la Federación de asociaciones vecinales ha pedido también información sobre el estado del trámite de modificación de la definición de terciario hotelero en el PGOU y, en particular, sobre la regulación de las viviendas de uso turístico. La entidad ha apuntado que en sus alegaciones y en las de un "buen número" de asociaciones y particulares, "se insistía en que deben considerarse incompatibles en un mismo inmueble los usos residenciales y la práctica de arrendamientos temporales en viviendas como actividad económica".

En ese sentido, afirman que ha quedado pendiente por parte del Ayuntamiento que informe si en la nueva redacción las viviendas de uso turístico "mantienen su incompatibilidad con las residenciales".

Los representantes vecinales han reiterado su exigencia, de acuerdo a la ley de transparencia y de acceso a la información, "de saber cuántas y cuáles son las viviendas o bajos comerciales que cuentan con autorización municipal para ejercer la actividad".

"Crece la alarma"

"Nos encontramos en una situación de apagón informativo sobre la realidad de la actividad del alojamiento turístico en la ciudad mientras la alarma crece por todos los barrios y el problema de vivienda se agudiza", ha dicho María José Broseta, que ha insistido en que quieren saber "cuántos alojamientos ilegales han sido sancionados por ejercer la actividad de forma ilegal por aplicación de la ley de turismo y hospitalidad".

Aunque desde la Concejalía no se ha trasladado ningún dato todavía, ha habido un compromiso por parte del Ayuntamiento de que todos estos datos "sean públicos en el próximo trimestre".