VALÈNCIA (EP). La Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha reivindicado que la ciudad sea declarada zona tensionada con el fin de "controlar los precios del alquiler de la vivienda y proteger a los inquilinos en una situación que se hace cada vez más insostenible en la ciudad".

De esta manera se ha manifestado la presidenta de la Federación vecinal, María José Broseta, después de que se haya conocido que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la declaración de zona tensionada de A Coruña, San Sebastián y 21 municipios de Navarra, lo que eleva a 301 los municipios que ya han sido declarados como zonas tensionadas para el alquiler en cuatro comunidades autónomas.

La declaración de zona tensionada es un mecanismo recogido en la Ley por el Derecho a la Vivienda que permite la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos hayan sido desproporcionados. "Sin duda, en la ciudad de València venimos experimentando esta situación desde hace varios años habiendo llegado a unas cifras en los precios de los alquileres que son totalmente inaceptables y con unas condiciones para alquilar que son realmente humillantes", defiende la presidenta del colectivo vecinal en un comunicado.

Ha añadido además que la vivienda es un derecho social pero, ante todo, un derecho de ciudadanía: "Un derecho político, como el derecho de voto o la libertad de expresión. El sentido de pertenencia a un grupo o a una sociedad lo da el arraigo y la seguridad, y sin vivienda no hay comunidad que pueda perdurar", ha apostillado.

Desde la FAAVV se denuncia que en la ciudad de València se haya institucionalizado una forma de vida en habitaciones que ya no solo afecta a estudiantes, sino también a personas en edad avanzada y familias enteras que están viviendo en condiciones lamentables compartiendo pisos "parcelados" en los que tienen que utilizar baños y cocinas como zonas comunes con desconocidos.

A esto se suman "las abusivas y humillantes condiciones que con demasiada frecuencia se exigen a los arrendatarios". "No se puede seguir así", ha dicho la presidenta de la Federación vecinal de València, "evidentemente ésta es una ciudad tensionada y así se debe declarar para empezar a poner solución a una situación que es cada vez más inaguantable", ha remarcado Broseta.

La federación expone que con la declaración de A Coruña como ciudad tensionada, el Partido Popular "da un paso importante en la aplicación de la Ley de Vivienda". Por ello, llama al PP valenciano a que se "abandone la línea de Vox y se aplique aquí una medida que se está demostrando que es totalmente necesaria y urgente también para la ciudad de València".

Incrementar fiscalidad viviendas vacías

Junto a la declaración de la ciudad de València como zona tensionada, la FAAVV insiste en que "se debe incrementar la fiscalidad de las viviendas vacías con el fin de que éstas se incorporen al mercado".

También incluye entre sus reivindicaciones "la posibilidad de la bonificación fiscal y las ayudas directas en el caso de que estas viviendas se destinen al alquiler a un precio tasado, que facilite el acceso a la vivienda a las rentas más bajas y a los jóvenes".

Asimismo, esgrime que "el acelerado y desordenado crecimiento de la oferta de alojamiento turístico de los últimos años no es la única causa, pero tiene mucho que ver en esta especie de burbuja inmobiliaria gentrificadora". "Poner límites a la capacidad de acogida turística, impedir los cambios de uso de residencial a terciario hotelero, y revertir el uso residencial de las viviendas turísticas debe ser en estos momentos una prioridad", ha concluido Broseta.

El Ayuntamiento culpa a PSPV y Compromís

Desde el Ayuntamiento sostienen que la causa del aumento de los precios del alquiler se debe en gran medida "consecuencia de ochos años con una nula política de vivienda del gobierno Compromís PSOE que provocó la falta de vivienda". El consistorio defiende que en dos años "ya ha trabajado bajo distintas fórmulas de colaboración público-privada en más de 1.000 viviendas destinadas a alquiler asequible, se han impulsado 17 PAIs que sumarán 7.826 nuevas viviendas, de las cuales 1.905 serán de protección pública". Desde el gobierno de María José Catalá también han reprochado al anterior gobierno municipal no haber ejercido el derecho de tanteo en ocho años, lo que a su juicio habría aumentado la oferta de alquiler asequible. El consistorio defiende además, que "el Observatorio del Alquiler ha señalado que la declaración de zona tensionada en Barcelona no ha logrado bajar el precio de los alquileres y ha liderado la caída de la oferta en España".