VALÈNCIA. Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han presentado este lunes una propuesta conjunta de Zona de Bajas Emisiones para la ciudad tras el fracaso del gobierno municipal de PP y Vox para aprobar una ordenanza que impida perder hasta 150 millones de euros. La oposición plantea una ZBE que incluya todo el perímetro de la ciudad y que comenzaría a implantarse a partir del próximo 1 de enero de 2026, momento en el que se restringiría el acceso a los vehículos etiqueta A de fuera de la provincia. A partir de esta fecha, y por fases, se irían aplicando las restricciones a los vehículos contaminantes. 

Esta propuesta, que presentarán en el pleno extraordinario que han solicitado, también incluye otras medidas como pacificar el tráfico de la calle Colón o garantizar que la planta viaria del futuro Corredor Verde del bulevar García Lorca no incluya tráfico rodado. 

Así lo han avanzado este lunes en rueda de prensa la portavoz de Compromís por València, Papi Robles, y el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, que han pedido a la alcaldesa, María José Catalá, que se abstenga para facilitar la aprobación de esta propuesta conjunta de la oposición. "Podrá ser buena, mala o mejorable pero tiene más votos en el pleno" y no necesita, ha dicho Sanjuan, ni que el PP vote a favor. "Solo pedimos a Catalá que se abstenga", ha insistido. Robles ha añadido que: "Catalá solo tiene que dejarnos hacer. Tenemos 16 concejales capaces de llegar a acuerdos y con una propuesta perfectamente aprobable. Ella tiene a 13 y cuatro negacionistas del cambio climático", ha lamentado. Precisamente la abstención fue lo que pidió al PSPV el concejal de Movilidad del PP, Jesús Carbonell, para sacar adelante la ordenanza elaborada por el gobierno municipal.

Calendario

Sobre la propuesta de la oposición, ambos portavoces han detallado que se basa en tres ejes: evitar la pérdida de hasta 150 millones de euros; reducir los niveles de contaminación en la ciudad y desarrollar una zona "más justa, social y que responda a las necesidad de la ciudad". A nivel de calendario, la propuesta contempla que el día 1 de enero de 2026 se vete el acceso a los vehículos etiqueta A de fuera de la provincia de Valencia; que el 1 de julio afecte a los vehículos etiqueta A de fuera de la ciudad; y, a los vehículos de la ciudad más contaminantes, a partir del 1 de enero de 202.

Sobre los vehículos de etiqueta B la restricción afectaría a partir del 1 de enero de 2027 a aquellos de fuera de la provincia; y, a partir del 1 de enero de 2028, a vehículos de fuera de la ciudad. Por el momento quedarían fuera de las restricciones los vehículos etiqueta B matriculados en la ciudad pero con el compromiso de que el 1 de enero de 2027 el 55% de las plazas de aparcamiento de los barrios de València sean para residentes.

El texto incorpora ayudas para las familias más vulnerables, exenciones para personas con movilidad reducida y servicios esenciales, y un régimen transitorio para que los comercios y actividades económicas puedan adaptarse sin impactos negativos. Según han explicado los portavoces de la oposición, en su texto se contempla la importancia de tener en cuenta el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a la hora de establecer las exenciones. La moción de la oposición también plantea que lo recaudado en las sanciones se dedique a la mejora del transporte público de la ciudad y contempla igualmete ayudas municipales a las familias para la compra de nuevos vehículos.

Catalá abierta a estudiar la propuesta

Tras conocer el órdago lanzado por la oposición, la alcaldesa ha asegurado estar abierta a estudiar la propuesta aunque ha rechazado perjudicar "de forma inmediata a muchísimos valencianos", en alusión a los plazos que plantean para la puesta en marcha de estas limitaciones al tránsito de coches. La primera edil ha subrayado que "todas las ordenanzas de Zona de Bajas Emisiones, la de Barcelona, la de Madrid, la de cualquier gran ciudad, tiene un periodo" de aplicación "para que la gente tenga el tiempo suficiente como para adquirir un vehículo de estas características para --poder circular por su ciudad". Así, ha remarcado que "lo que no se puede pretender" es hacer "una ordenanza que perjudique de forma inmediata a muchísimos valencianos". 

Catalá ha acusado a los grupos de la oposición de "ecologismo de salón" por, según ha dicho, pensar que "el año que viene todas las familias valencianas pueden comprarse un vehículo eléctrico". Catalá ha criticado de nuevo que la oposición aspire a "incorporar al texto de la ordenanza cosas que no pueden incorporarse legalmente" en un documento de ese tipo en alusión a las propuestas sobre el Corredor Verde o la calle Colón. "Parece una broma", ha añadido. "Perdonadme el enfado, pero tengo que contaros la verdad de estas cosas porque se habla, se habla, se habla y no se aterriza en que la gente tiene unas posibilidades económicas", ha insistido la alcaldesa. Aunque ha asegurado tener voluntad de sentarse a hablar con la oposición, ha añadido que: "cuando uno plantea cuestiones imposibles está manifestando una voluntad inequívoca de no llegar a un consenso", tras lo que ha considerado que la oposición puede estar "haciendo el paripé" con sus propuestas y marcándose "un farol".