VALÈNCIA. Son numerosos los desplazamientos internacionales que la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, realiza en el marco de sus competencias. Sin embargo, no todos ellos aparecen detallados en el Portal de Transparencia municipal pese a lo que afirmó la propia edil en el último pleno.
Y es que el gobierno municipal reconoce que solo se publican el detalle de los gastos de aquellos viajes sufragados directamente por el consistorio y que no existe obligación legal de hacer públicos aquellos financiados por fundaciones municipales de las que Llobet es presidenta como Valencia Innovation Capital, Visit València o el Palacio de Congresos.
Durante el último año, la responsable municipal de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones ha participado en varios viajes institucionales a destinos como Singapur, Dubái, Silicon Valley o Medellín para asistir a encuentros vinculados a sus competencias. Pese a ello, el gasto de ninguno de estos desplazamientos aparece detallado en el Portal de Transparencia, que no se actualiza desde agosto de 2025.
- Delegación de VIC en Silicon Valley.
- Foto: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Desde la Concejalía interpretan que el artículo 9.4.d de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, que obliga a publicar los gastos derivados de viajes y desplazamientos de los altos cargos, no resulta aplicable a los organismos del sector público local. En su lugar, entiende que a estas entidades les resulta de aplicación el artículo 10.2 de la misma norma, que remite a los artículos 6, 7 y 8 de la Ley estatal 19/2013 de Transparencia, donde no existe una referencia expresa a la obligación de publicar los gastos de viajes o desplazamientos de sus responsables.
Por ello, el Ayuntamiento considera que no existe obligación legal de incorporar al Portal de Transparencia los viajes sufragados por fundaciones municipales u organismos autónomos, aunque sean realizados por la misma concejala en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales. De hecho, sostienen que es el proceder habitual tanto de esta como de anteriores legislaturas.
Investigación del Síndic de Greuges
La falta de información sobre estos desplazamientos de Llobet ya fue objeto de controversia entre el gobierno local y la oposición hace unos meses. El grupo municipal Compromís solicitó en el pleno una relación detallada de todos los gastos asociados a los viajes realizados entre 2024 y 2026 en el ámbito de la Fundación Las Naves —actual Valencia Innovation Capital—, incluyendo destino, objeto del viaje y el desglose de transporte, alojamiento, manutención y otros gastos.
Llobet rechazó facilitar esa información al considerar que la pregunta incumplía el Reglamento Orgánico del Pleno por su excesiva amplitud, al no referirse a una cuestión concreta sino a un conjunto de desplazamientos durante tres ejercicios completos. Tras la negativa, Compromís presentó una queja ante el Síndic de Greuges, que abrió una investigación para analizar si se había vulnerado el derecho de información de los concejales.
- Llobet en un viaje institucional a Singapur.
- Foto: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
En el informe remitido a la institución, firmado por la propia Llobet el pasado 25 de mayo, el Ayuntamiento defiende que actuó conforme al Reglamento Orgánico del Pleno, niega haber incurrido en opacidad y sostiene que la discrepancia con el grupo municipal responde únicamente a una interpretación jurídica sobre los cauces adecuados para solicitar la información.
Más allá de la obligación legal que invoca el Ayuntamiento, Llobet está adherida voluntariamente al Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana. Ese código establece en su artículo 28.5 que los altos cargos deben publicar de forma periódica la relación de los viajes institucionales realizados, indicando su objeto, destino, coste y justificación.
En cualquier caso, la interpretación que sostiene el Ayuntamiento abre el debate sobre el alcance de las obligaciones de publicidad activa. Las leyes de transparencia establecen un catálogo mínimo de información que las administraciones deben hacer pública, pero no impiden que puedan ampliar voluntariamente ese nivel de transparencia.
