VALÈNCIA. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia (Cograsova) ha alzado la voz ante la situación generada por la publicación de la Orden que fija las normas de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2026. La norma entró en vigor el 1 de abril, en plena Semana Santa, pero con efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que ha obligado a miles de profesionales y empresas a revisar y rehacer nóminas ya elaboradas, comunicadas y liquidadas. “No se trata de un hecho aislado. Llevamos desde 2022 soportando esta práctica que genera una inseguridad jurídica inaceptable. Publicar la Orden de Cotización en vísperas de festivos y con efectos retroactivos de varios meses es una forma de legislar que no podemos seguir tolerando”, denuncia el Decano de Cograsova, Vicente Vercher.

La publicación tardía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) arrastra inevitablemente al retraso en la aprobación de la Orden de Cotización. Cuando ambas normas llegan tarde, y con carácter retroactivo, el impacto en cadena es inmediato: las empresas y autónomos se ven obligados a revisar y modificar nóminas ya cerradas y a tramitar liquidaciones complementarias de cuotas ante la Seguridad Social; los graduados sociales asumen una carga administrativa extraordinaria no prevista, los funcionarios de la Seguridad Social deben adaptarse a cambios normativos tardíos que dificultan su trabajo diario y los proveedores de software de nóminas no pueden actualizar sus sistemas con la antelación necesaria.

La propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha anunciado que realizará de oficio rectificaciones de cotización correspondientes a los meses de enero y febrero. Cograsova reclama que esta actuación se extienda igualmente al mes de marzo, con el fin de mitigar en la medida de lo posible los perjuicios ocasionados a empresas, trabajadores y profesionales.

El Decano exige dos soluciones a las Administraciones competentes y a los agentes sociales: en primer lugar, que en el mes de diciembre de cada año queden publicadas tanto la normativa reguladora del SMI como la correspondiente Orden de Cotización para el ejercicio siguiente. Y, en el caso de que la actual situación política impida alcanzar ese compromiso, eliminar el carácter retroactivo de estas disposiciones para que su entrada en vigor se produzca el día 1 del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Pedimos lo mismo que reclama cualquier sector productivo: certidumbre normativa. Necesitamos saber las reglas del juego antes de que empiece el partido, no a los tres meses de haberlo jugado”, advierte Vercher.