VALÈNCIA. La celebración de los 150 años del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) se convertía ayer en una enmienda a la totalidad de la reforma judicial. La decana, Begoña Mollá, aprovechaba su discurso en el acto conmemorativo, en la Ciudad de la Justicia, para cargar contra la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, una norma que, según decía, «nos ha venido impuesta por quien, y permítanme que lo diga con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, nunca ha pisado un tribunal y desconoce cuál es la realidad de nuestros órganos judiciales».
Ante el presidente del TSJCV, Manuel José Baeza, y el resto de autoridades, la decana advertía de que celebrar nuestra historia «no puede significar guardar silencio ante lo que está ocurriendo con nuestra justicia». Por eso, «ha llegado el momento de decir, con claridad y sin eufemismos, que nuestra justicia no puede seguir por este camino», proclamaba.
"La verdadera eficiencia no se proclama en el BOE"
Mollá reconocía que palabras como modernización, transformación y eficiencia «suenan bien» y que «nadie, desde la responsabilidad, puede rechazar». Pero remachaba: «La verdadera eficiencia no se proclama en el Boletín Oficial del Estado. La verdadera eficiencia se demuestra cada mañana en nuestros juzgados». Y la realidad que viven a diario los procuradores, lamentaba, «dista mucho de los objetivos que se anuncian».
La decana explicaba que una reforma «de semejante envergadura» debería haber nacido «del diálogo, de la planificación, de la dotación suficiente de medios a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, de la escucha a quienes conocemos la justicia desde dentro». En cambio, denunciaba, «demasiadas veces tenemos la sensación de que se legisla para los profesionales de la justicia, pero sin escuchar suficientemente a los profesionales de la justicia», algo que la decana calificaba como «un error profundo».

- Foto: ICPV
Mollá insistía en que «no se puede reorganizar la justicia desde un despacho ignorando las dificultades de quienes tienen que hacer funcionar esa reorganización cada día» y rechazaba que se confunda «modernizar con cambiar nombres, estructuras y organigramas». Cambiar la denominación de un órgano judicial, añadía, «no hace desaparecer los retrasos», del mismo modo que aprobar una ley no significa haber resuelto los problemas que pretende solucionar.
"Deshumanizar la justicia"
La decana alertaba de que, «bajo el nombre de eficiencia», se puede terminar «deshumanizando la justicia, invisibilizando a sus profesionales y alejando a los ciudadanos de los tribunales». Y advertía de que, cuando la justicia llega tarde, no ofrece respuestas o se vuelve inaccesible, «quien pierde no es solamente el profesional. Pierde el ciudadano. Y con él, se pierde la confianza en nuestras instituciones».
Mollá subrayaba que aplicar la reforma resulta «más complicado si cabe» en comunidades con competencias transferidas como la valenciana, que deben afrontar los cambios «con los presupuestos que se tienen». En este punto, agradecía a la Conselleria de Justicia, al TSJCV, a la Secretaría Coordinadora Provincial y a los presidentes de los tribunales de instancia su empeño «en conseguir que esto funcione» pese a las dificultades.
"Ser atendidos, escuchados y respetados"
La otra gran queja del discurso apuntaba a la «progresiva falta de atención a los profesionales» en los juzgados. «Quienes acudimos a los tribunales no lo hacemos por capricho. No pedimos información por comodidad. No solicitamos atención porque pretendamos privilegios», explicaba la decana. «Resulta profundamente injusto que quienes contribuimos al funcionamiento de la justicia tengamos que reclamar, una y otra vez, algo tan elemental como ser atendidos, escuchados y respetados».
Mollá valoraba los esfuerzos de la Conselleria y del TSJCV para mejorar la atención presencial y telefónica, pero avisaba de que la comunicación directa con los órganos judiciales «no puede convertirse en una carrera de obstáculos», porque «una justicia verdaderamente eficiente no puede ser una justicia con la que resulte difícil comunicarse».

- Foto: ICPV
Tampoco quería la decana que los retrasos, los fallos tecnológicos y la sobrecarga de trabajo se conviertan «en una normalidad que acabemos aceptando», porque «la justicia tiene rostro humano y detrás de cada expediente hay una persona que espera una respuesta». Y cerraba la parte más reivindicativa con un aviso: «Desde Valencia, desde un colegio con historia, con dignidad y con voz propia, decimos hoy que no vamos a resignarnos a contemplar en silencio el deterioro de nuestra justicia», sentenciaba, convencida de que «adaptarse no significa renunciar a reivindicar».
Nueva etapa en el Consejo General y la lucha de los mutualistas
La decana se refería también a la «nueva etapa» del Consejo General de Procuradores de España, presidido por Alberto García Barrenechea, que asistía al acto, y de la que esperaba «diálogo, cercanía, transparencia y defensa firme de nuestros intereses profesionales». Mollá agradecía a su antecesor, Ricardo Garrido, que diera «un paso al frente para poder sacarnos del oscurantismo» en el que se encontraba la profesión.
Asimismo, reconocía la batalla de los procuradores mutualistas por «una pensión digna», liderada desde Valencia por tres miembros de la Junta de Gobierno, Ana Pons, Carmen Lis y Moisés Toca. «Los grandes avances nunca nacen de la resignación, sino de la perseverancia», recordaba.
Siglo y medio de historia
El ICPV se constituía el 9 de octubre de 1876 y es hoy uno de los colegios de procuradores más grandes de España y el primero de la Comunitat Valenciana. Mollá recordaba de forma especial a María José Victoria Fuster, primera mujer decana del Colegio entre 1994 y 1996, «quien abrió la puerta que nunca más volvió a cerrarse». También evocaba la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia y el Premio Berní i Català del Colegio de Abogados, recibidos este año.
El acto incluía el homenaje a los procuradores que cumplen 25 y 50 años de ejercicio, la jura o promesa de los nuevos colegiados y el nombramiento como colegiados de honor del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y del Tribunal del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia. La ceremonia se cerraba con el himno compuesto por Sento Escribano Moya para el aniversario.
Asistían, entre otros, el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz; el secretario autonómico de Justicia, José Luis Font Barona; el decano del Colegio de Abogados de Valencia, José Soriano, y decanos de colegios de procuradores de toda España.
Mollá cerraba su intervención con una declaración de amor a la institución: «Por su historia, por sus valores y, sobre todo, por las personas que le dais vida, para mí el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia es y será siempre el mejor colegio de España».