VALÈNCIA. La alcaldesa de València, María José Catalá, se queda sin el informe de la Asesoría Jurídica Municipal en el que supeditó la posible exigencia de responsabilidades políticas a su socio de gobierno, Juanma Badenas (Vox), tras su polémica entrada en la sede del Sindicat d’Estudiants el pasado mes de julio.
Casi tres meses después de la irrupción del concejal de Patrimonio en el local de la avenida de Cataluña, los servicios jurídicos determinan que no resulta pertinente emitir el informe encomendado por la propia alcaldesa ya que el asunto se encuentra judicializado. En una respuesta a preguntas de la oposición, desde el Ayuntamiento señalan que tras la apertura de diligencias por parte de la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València, el objeto de la investigación judicial coincide en gran medida con la investigación administrativa requerida por Alcaldía.
Desde los servicios jurídicos del consistorio determinan que debe ser el propio servicio gestor de Patrimonio el que atienda directamente los requerimientos de información del juzgado, declinando realizar una valoración jurídica paralela mientras la causa siga su curso penal.
El citado informe fue la vía anunciada por María José Catalá como respuesta a la polémica por la difusión el pasado mes de julio de unas grabaciones de las cámaras de seguridad del local del Sindicat d'Estudiants en las que se observaba a Badenas accediendo al inmueble junto a dos acompañantes que según el sindicato forzaron la cerradura y registraron las dependencias.
Aunque la alcaldesa marcó distancias manifestando públicamente que ella no hubiera realizado una acción de esas características, condicionó cualquier responsabilidad política al resultado del dictamen técnico que ella misma encargó a los servicios jurídicos.
Cabe recordar que tampoco salió adelante la iniciativa planteada en el pleno por el PSPV-PSOE y Compromís para reprobar la conducta de Badenas y exigir su cese como concejal de Patrimonio, ya que los votos sumados del grupo municipal popular y los cuatro ediles Vox frenaron la reprobación. Tras quedar sin efecto el dictamen solicitado por Catalá, la evaluación sobre la legalidad de la irrupción del edil en la sede del Sindicat d'Estudiants quedará confinada en exclusiva a la vía judicial.
Desde la oposición, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, reprocha a la alcaldesa que haya estado "casi tres meses de brazos cruzados sin tomar ninguna medida" contra Badenas. "Lo ha hecho escudándose en la petición de un informe jurídico, como ya nos tiene demasiado acostumbrados en su 'modus operandi' habitual ante los casos polémicos", señala.
Para el edil de Compromís es "inadmisible" que "para no incomodar a sus socios de Vox Catalá haya empleado la técnica del avestruz desde que estalló el escándalo y haya evitado pedir explicaciones y exigir responsabilidades políticas a Badenas por usar el patrimonio municipal como si fuera su cortijo particular".
