VALÈNCIA (EFE). Los sindicatos SATSE, UGT e Intersindical Salut se han concentrado este martes frente al hospital Dr. Moliner para exigir una "solución justa y rápida" a la reubicación de los pacientes, crónicos y de larga estancia, y de los 342 trabajadores de este centro hospitalario.

A mediados de abril, la Conselleria de Sanidad anunció que los pacientes y profesionales de este centro serán reubicados, a partir de junio y de manera progresiva, entre el Hospital Padre Jofré, el nuevo complejo sanitario Mislata-Quart (antiguo Hospital Militar) y en sus domicilios. donde recibirían cuidados por parte de las Unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD).

Si fuera necesario, se ubicarían también en el Complejo Sanitario de Campanar (antigua Escuela de Enfermería de La Fe).

Unos días más tarde, la Dirección mandó un correo a los profesionales del hospital con un documento de movilidad voluntaria en el que debían indicar, con un plazo de 5 días hábiles, el centro sanitario en el que deseaban ser reubicados, han informado los sindicatos.

También se les indicó que, quienes no firmaran su traslado, se exponían a ser asignados a un centro sanitario de forma forzosa, con lo que "la voluntariedad parecía más bien coacción".

Tras la protesta de los sindicatos, la Dirección amplio el plazo de 5 días a aquellos trabajadores que ni siquiera se habían enterado de que debían solicitar un traslado.

Ante la protesta de la Junta de personal por no haber sido ni informada ni consultada, la Dirección se reunió con los representantes de los trabajadores, comunicándoles algunos cambios y reconociendo errores.

Han informado que el hospital Padre Jofré solo ofrece 30 camas para los pacientes del Dr. Moliner, mientras que el de Mislata-Quart ofrece 78 camas, pero no estarán operativas hasta finales del verano y queda descartado el Complejo Sanitario de Campanar para reubicar pacientes.

Además, han criticado que las Unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD) han quedado descartadas ya que ningún médico del Dr. Moliner se ha ofrecido voluntario para trasladarse a estos hospitales, lo que impide organizar adecuadamente los equipos de trabajo.

Apenas transcurrido un mes desde el anuncio oficial del cierre ya se evidenciaba la falta de planificación y la gestión deficiente de la Conselleria de Sanidad, cuyas consecuencias están sufriendo tanto los empleados como los pacientes del centro, han resumido.

Los sindicatos han denunciado igualmente que no se ha presentado un plan de reubicación adecuado a los representantes sindicales y a los propios trabajadores, teniendo en cuenta que el artículo 37 del Decreto de Selección y Provisión establece que, cuando la movilidad signifique un cambio de puesto de trabajo a una distancia superior a 30 kilómetros, se realizará un plan específico de ordenación de recursos humanos que se presentará en la Mesa Sectorial de Sanidad, acompañado de una memoria justificativa, un análisis de la disponibilidad y necesidades del personal y un informe económico que contenga la previsión de indemnizaciones al personal afectado.

Plazas ofertadas en un hospital cerrado, "una irresponsabilidad"

SATSE, UGT e Intersindical Salut también han expresado su indignación por que en los diferentes procesos selectivos que se están llevando a cabo en la Conselleria se ha ofertado plazas vacantes en el Hospital Dr. Moliner, lo que han considerado "una irresponsabilidad".

Los profesionales que han escogido el Dr. Moliner como su destino laboral desconocían que el centro estará cerrado durante años, lo que ha generado un profundo malestar entre ellos que se sienten engañados por la Administración.

Ante este panorama de incertidumbre y caos, los sindicatos se han concentrado hoy y han instado a que se establezcan las indemnizaciones pertinentes para el personal afectado y se negocien condiciones adecuadas para que el proceso de reubicación se realice con todas las garantías.

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, los sindicatos anuncian que seguirán luchando para que los derechos de los trabajadores sean respetados y para garantizar que la atención sanitaria de calidad no se vea comprometida durante este largo proceso de reforma.