VALÈNCIA (EP). Los sindicatos CSIF y Simap han denunciado que "el traslado forzoso" de anestesistas desde los hospitales Arnau de Vilanova y Llíria al hospital La Fe provocará "de forma inmediata la suspensión de quirófanos, retrasos de intervenciones y el incremento de listas de espera", así como "la reducción de actividad en unidades clave como la Unidad del Dolor y la afectación en pruebas diagnósticas".

Por ello, han exigido a la Conselleria de Sanidad la paralización de esta medida, que comenzó a aplicarse desde ayer para cubrir "el déficit estructural" de anestesistas en La Fe por "la mala planificación", según han apuntado los sindicatos en sendos comunicados.

Al respecto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido asimismo a Sanidad la convocatoria urgente de una Mesa Sectorial para "negociar esta medida adoptada en el marco de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) y el déficit estructural de especialistas".

"Esta situación no puede resolverse desplazando profesionales de otros hospitales que ya trabajan con plantillas ajustadas, no es una solución; al contrario, traslada ese el problema y ya está perjudicando directamente a pacientes ya que supone la reprogramación, para retrasarlas, de operaciones que ya tenían una fecha fijada", ha constatado.

De hecho, ha advertido de "la posible irregularidad de esa medida" ya que "no se trata de una actuación puntual o coyuntural, sino de una reorganización de carácter estructural que impacta tanto en los derechos laborales como en la prestación asistencial".

Además, ha alertado "del impacto directo en las condiciones laborales, ya que afecta directamente a los profesionales ya que al alterar su centro de trabajo, dificulta la conciliación personal y familiar y rompe la organización de los equipos".

Por contra, ha exigido "la puesta en marcha de medidas reales de atracción y cobertura de plazas en el hospital La Fe sin perjudicar a otros departamentos, la presentación de un informe detallado del impacto asistencial que estas decisiones están generando y el respeto efectivo a los derechos laborales y a la conciliación de los profesionales afectados".

Del mismo modo, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad Pública (SIMAP) ha advertido de que estos traslados "no responden a una necesidad puntual ni sobrevenida en La Fe, sino a un problema estructural derivado de decisiones organizativas previas". Así, ha explicado que "quedaron vacantes 12 de las 16 plazas de características específicas (PBCE) ofertadas y que a ello se suma la jubilación forzada de anestesistas consolidando así un déficit 20 profesionales".

Además, ha apuntado que "no consta que se hayan agotado adecuadamente las vías ordinarias de cobertura de puestos" y ha recordado que "la normativa vigente "exige que cualquier medida de movilidad esté precedida de una resolución motivada que acredite de forma objetiva la necesidad asistencial, incluyendo la ausencia de candidatos, la revisión de bolsas de trabajo o el impacto en listas de espera, así como la definición clara de funciones, duración y condiciones de la prestación, información que no consta en la resolución de movilidad".

Asimismo, ha advertido de que esta decisión "ignora la situación del propio Departamento Arnau, que cuenta actualmente con varias bajas de larga duración, lo que agrava aún más el impacto de la medida".

"Consecuencias directas"

Simap ha advertido de que el propio informe del Comité Permanente del Departamento Arnau advierte de que "se van a producir suspensiones de la actividad quirúrgica y asistencial, la reducción de actividad en unidades clave como la Unidad del Dolor, la afectación en pruebas diagnósticas y técnicas como sedaciones para resonancia o radiología intervencionista y la disminución de la actividad en UCSI y consultas externas".

Además, ha apuntado que los anestesistas del Arnau han alertado de "los riesgos que esta movilidad implica para su salud laboral" ya que "trabajar en un entorno desconocido, sin conocimiento previo de los circuitos asistenciales ni acceso adecuado a las historias clínicas incrementa la carga de estrés y el riesgo de errores".

Del mismo modo, ve "especialmente preocupante la ausencia de una delimitación clara en el tiempo de esta movilidad" que considera que "vulnera el marco normativo vigente" al "no existir un proyecto asistencial específico que justifique la medida y convertir un instrumento excepcional en un mecanismo ordinario".

Ante esta situación, Simap ha presentado una reclamación formal ante Conselleria. "Exigimos una solución real, estructural y ajustada a la legalidad que garantice tanto la calidad asistencial como los derechos de los trabajadores. Esta situación evidencia que un sistema sanitario equilibrado no puede sostenerse trasladando profesionales por falta de planificación, con recortes asistenciales en otros centros o deteriorando las condiciones laborales", ha apostillado la coordinadora del Simap Concha Ferrer.