VALÈNCIA (EFE). La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha exigido este viernes al Ayuntamiento de la ciudad que haga algo más "inmediato y efectivo" para frenar la actividad de los pisos turísticos y la fuga del alquiler residencial, con medios que permitan sanciones "realmente disuasorias". En un comunicado, la entidad que preside María José Broseta señala que, tras un primer análisis del acuerdo hecho público por el gobierno local en relación a las limitaciones a las viviendas turísticas en la ciudad, ve una normativa llena de “buenos propósitos” pero a la que el Ayuntamiento "aún debe darle credibilidad".
Para ello, la Federación vecinal exige que "se apliquen desde este momento sanciones que no deberían bajar de los 30.000 euros, tal y como permite la normativa de urbanismo para eliminar realmente los miles de pisos turísticos que operan ahora mismo en València al margen del PGOU y ocasionando la pérdida de viviendas para uso residencial". Asimismo, señala que el Ayuntamiento debe ordenar el cese de la actividad hotelera en la vivienda aplicando con más rigor la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) pero también dando cuenta a la Dirección General de Turismo de la Generalitat del incumplimiento para que active el procedimiento sancionador mientras llegan las “transferencias de competencias” anunciadas.
Problema "de primer orden"
“El Ayuntamiento de València tiene recursos para hacer mucho más de lo que dice para frenar la subida del precio de la vivienda, la desaparición del mercado del alquiler y la actividad descontrolada de los apartamentos turísticos”, ha señalado Broseta, quien ha anunciado que va a convocar un encuentro de asociaciones vecinales para analizar conjuntamente la propuesta y acordar el plan a seguir. Los argumentos expuestos en los distintos informes citados en la exposición de motivos del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para limitar los pisos turísticos "son incontestables y dan la razón a las denuncias que desde hace años está realizando el movimiento vecinal", según el comunicado: la actividad de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad son un problema de primer orden, afecta a la calidad de vida de las personas y propicia la especulación con la vivienda.
Sin embargo, añade, "todas las medidas propuestas en el acuerdo difícilmente tendrán vigencia durante el presente mandato municipal pues requieren de una tramitación larga e incierta. Además, adolecen de una manifiesta falta de credibilidad, la misma falta de credibilidad que las moratorias decretadas o las limitaciones ya existentes en Ciutat Vella o Cabanyal".
Por todo ello, desde la Federación de asociaciones vecinales ven necesario "exigir al Ayuntamiento que actúe sin mas dilación con los recursos que sí tiene, que sea más transparente y pase de las palabras a los hechos".
"Recuperar vivienda residencial, revertir el uso terciario hotelero debe ser la prioridad, tanto para recobrar la confianza en el gobierno de la ciudad como para atenuar la emergencia habitacional que no es solo económica, lo es también generacional", concluyen.
