VALÈNCIA (EP). El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha anunciado este lunes que llevará a la Agencia Antifraude "maniobras irregulares" del equipo de gobierno de la ciudad, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), "para borrar a solicitantes de vivienda pública".

Así lo ha avanzado, en un comunicado, la edil socialista Elisa Valía, que ha destacado que trasladará a Antifraude "los métodos que está utilizando el gobierno de María José Catalá para eliminar solicitantes de vivienda protegida del registro municipal después de que se hayan alcanzado registros históricos de demanda de vivienda pública en la ciudad con listados por encima de 2.000 aspirantes".

Valía ha señalado que la empresa municipal de vivienda, Aumsa, "está desarrollando un procedimiento completamente irregular para depurar el listado de demandantes mediante el envío de correos electrónicos a las personas inscritas en el registro exigiéndoles nueva documentación en un plazo de únicamente cinco días".

"El PP está haciendo una limpieza de la lista de demandantes de una vivienda pública desde que denunciamos que había superado las 2.000 personas", ha agregado la representante del PSPV-PSOE.

Así, ha expuesto que ese correo electrónico "no es una notificación mediante la cual pueda verificarse cuándo la persona ha recibido la notificación de manera fehaciente", por lo que ha expuesto que "el plazo empieza a contar desde que se envía el correo, pero no desde que la persona es notificada".

Elisa Valía ha asegurado que este sistema "está provocando la expulsión de personas del registro municipal sin cumplir con las garantías legales", al tiempo que ha subrayado que eso afecta "a familias que llevan años esperando acceder a una vivienda pública".

"Esto es completamente irregular y está sirviendo para sacar de la lista a personas que llevan años esperando una vivienda pública con un procedimiento que no cumple la ley", ha insistido la edil, que ha afirmado que loas socialistas han reclamado "varias veces al consejo de administración de Aumsa que se revisase este procedimiento porque, además de tremendamente injusto, no cumple con las normas".

Valía ha manifestado que al ver que "no ha tenido ningún efecto" esa petición por parte del PSPV y que en el ejecutivo municipal "siguen haciendo las cosas mal", su grupo ha decidido "ponerlo en conocimiento de la Agencia Antifraude para que investigue esta forma de proceder que realmente lo único que busca es reducir la lista de demandantes para intentar maquillar la realidad".

La concejala socialista ha indicado que esta "es que Catalá no ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación con la vivienda en València". En esta línea, ha aseverado que la actuación del gobierno municipal "evidencia la falta de políticas públicas de vivienda en la ciudad".

"Es cada vez mayor"

Elisa Valía ha acusado a María José Catalá de "permanecer pasiva ante el aumento de las dificultades de acceso a una vivienda". "Y la realidad es que en València el problema de acceso a la vivienda de las familias es cada vez mayor y cada vez afecta a un número mayor de familias", ha subrayado la edil del PSPV.

Igualmente, ha manifestado que "la realidad también es que María José Catalá no hace vivienda pública", que "no adjudica vivienda pública" y que "su pasividad solo" lleva a "agrandar el problema en lugar de contribuir a solucionarlo".

Normativa de 2021

Por su parte, desde el equipo de gobierno municipal aseguran que "Aumsa está aplicando la normativa del registro de demandantes y procedimiento de adjudicación de las viviendas promovidas y gestionadas" por esta entidad. Una normativa, subrayan, "aprobada por el consejo de administración el 25 de octubre de 2021 cuando la presidenta del consejo de administración era Sandra Gómez y Elisa Valía era consejera de Aumsa".

Según apuntan, esta normativa establece en su sexto artículo, sobre la regulación del procedimiento de adjudicación ordinaria por lista de espera, que "conforme Aumsa vaya teniendo disponibilidad de viviendas vacías, las ofertará a las personas o unidades de convivencia solicitantes, que figuren inscritas en el presente registro de demandantes por riguroso orden de inscripción".

"Así --sostienen--, en primer lugar, Aumsa solicitará a la primera persona que figure en el registro de demandantes, por orden de inscripción, la documentación actualizada a efectos de determinar el cumplimiento de requisitos, así como el número de miembros y circunstancias específicas (movilidad reducida, apta para mayores 65 años o personas en situación de dependencia) de la unidad de convivencia. La persona solicitante y la unidad de convivencia deberán aportar dicha documentación en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la notificación, con el fin de comprobar el estricto cumplimiento de los requisitos exigidos".

Por tanto, desde el equipo de Catalá recalcan que "el plazo establecido en cinco días lo aprobó Aumsa cuando la presidenta del consejo de administración era Sandra Gómez y Elisa Valía formaba parte del consejo de administración": "Elisa Valía critica una medida que aprobó ella".

Señalan que "en caso de incumplir con los requisitos, tal como establece la normativa, son excluidos de la lista de demandantes, tal y como aprobó el consejo de administración del 25 de octubre de 2021". "Es decir, en la actualidad Aumsa aplica la normativa que se aprobó cuando Sandra Gómez era la presidenta de Aumsa y Elisa Valía formaba parte del consejo de administración", reiteran.

Además, desde el ejecutivo local indican que "en las solicitudes de inscripción en el registro de demandantes se autoriza la notificación por correo electrónico de las notificaciones y comunicaciones que se deriven de las solicitudes, tal y como estableció el consejo de administración presidido por Sandra Gómez"

Y concluyen: "Con el fin de reforzar la comunicación y facilitar a los demandantes la presentación de documentación, desde Aumsa, y tal como se solicitó en el consejo de administración, ahora remite un correo electrónico y un sms al móvil de los demandantes para explicarles que se les está solicitando documentación, aspecto que en la anterior legislatura no se realizaba, con el fin de que puedan cumplir con los plazos establecidos".