VALÈNCIA (EFE). La cuenca del Júcar necesita 9.057 millones de euros de inversión para reducir los riesgos frente a las sequías e inundaciones y proteger a la población de episodios extremos, según un informe elaborado por la empresa Typsa y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España (Seopan)

Esta cuenca atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia y es una de las zonas más vulnerables de España frente a la escasez hídrica estructural y al riesgo creciente de inundaciones. Su situación de escasez hídrica se ha intensificado en los últimos años por el uso del recurso y la variabilidad climática, que reduce el margen de respuesta ante episodios de sequía prolongada.

Además, se prevé una reducción de las aportaciones naturales de agua entre el 12 % y el 21 % en los próximos años por efecto del cambio climático.

Según el informe "Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España", elaborado por Typsa y la patronal Seopan,  que analiza las necesidades de inversión en infraestructuras del agua en España, el país requiere una inversión estimada de 103.824 millones de euros en el periodo 2026–2035 para hacer frente a las sequías y aminorar los efectos de las inundaciones, de los que 9.057 millones corresponden a la cuenca del Júcar.

El informe identifica una inversión de 4.698 millones de euros para infraestructuras del ciclo urbano del agua con medidas de renovación (2.400 millones) y de adaptación de infraestructuras de saneamiento (1.400 millones), y otros 1.809 millones en medidas estructurales de gestión del riesgo por inundación, orientadas a la prevención y reducción.

Además, serían necesarios 1.000 millones de inversión para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y otras medidas de gestión del riesgo como la implantación de tanques de tormenta, otras medidas para la adaptación y mejora de las infraestructuras (657 millones) y sistemas SUDS preventivos destinados a evitar la entrada de escorrentía urbana en los sistemas colectores (287 millones), según informa Seopan en un comunicado.

Otras inversiones que enumera el informe son 893 millones para la adaptación al cambio climático, con incremento de recursos y gestión de la demanda, y adecuación y construcción de infraestructuras complementarias que permitan aumentar la reutilización del agua para usos de riego (140 millones).

Unos 300 millones serían para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el dominio público hidráulico (sustitución de bombeos o mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua y el refuerzo de la seguridad y garantía del abastecimiento); 209 millones en conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua; 99 millones en infraestructuras verdes; y 44 millones en infraestructuras vinculadas a un Acuerdo Nacional del Agua.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha afirmado que es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la planificación hidrológica y la seguridad hídrica.

Según datos recogidos en el informe, en España 2,3 millones de personas viven en las zonas inundables de mayor riesgo, 496.000 de ellas en la cuenca del Júcar. El 25 % de las 1.444 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en España está en las cuencas mediterráneas, entre ellas la del Júcar.

Dentro de esta demarcación, la Ribera Alta y Baixa de Valencia presentan el mayor riesgo de inundación, agravado por episodios recientes como la Dana de 2024.

Actuaciones en las cuencas afectadas por la Dana

El informe incluye un apartado con un programa extraordinario de actuaciones urgentes en las cuencas afectadas por la Dana de octubre de 2024 de 4.051 millones, la mayoría correspondientes a la cuenca del Júcar y ya recogidas en el informe.

El estudio concluye que la planificación hidrológica ha recuperado el retraso que acumulaba, pero la falta de disponibilidad presupuestaria y ausencia de un marco financiero ha dado lugar a niveles de ejecución de las medidas previstas del 30 %.

A ello se suma "la lentitud y falta de eficacia" de los procesos de contratación pública, lo que reduce la capacidad de respuesta del sistema frente a sequías prolongadas o inundaciones abruptas.