VALÈNCIA. La herencia de la etapa de Juanma Badenas (Vox) al frente de València Activa sigue trayendo cola pese a la disolución de la fundación. El Juzgado de lo Social número 6 del Tribunal de Instancia de València ha declarado improcedente el despido de la que fuera responsable de comunicación de la Fundación València Activa, que se produjo en noviembre de 2024.
La sentencia condena a València Activa y al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora con el abono de los salarios de tramitación o, en su defecto, a pagarle una indemnización neta de 16.056 euros. Al parecer será esta última la vía elegida para cumplir la sentencia y se procederá a abonar la indemnización a la exdircom de València Activa, que actualmente ejerce como jefa de prensa en la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana.
La resolución judicial a la que ha tenido acceso Valencia Plaza desmonta el argumento que utilizó València Activa para extinguir el contrato de la empleada. La fundación municipal notificó el despido objetivo aduciendo motivos organizativos y productivos basados en una supuesta externalización de los servicios de prensa, redes sociales y web institucional para optimizar costes.
No obstante, la juez destaca que dicha externalización "se encontraba meramente en tramitación" cuando se ejecutó el cese, no habiéndose materializado de forma efectiva hasta finales de febrero de 2025, meses después de la salida de la afectada. Al no existir la causa real en el momento exacto de la notificación, la medida carece de validez jurídica.
"Hay que quitarla"
El contexto de este despido estuvo marcado por una la polémica tras la filtración de unas grabaciones del entonces responsable político de València Activa y portavoz municipal de Vox, el concejal Juanma Badenas. En dichas grabaciones, publicadas por The Objective en las semanas previas a la destitución, se escuchaba cómo el dirigente sugería el cese de la profesional por desconfianza: "Hay que quitarla porque es una persona que está pasando la información a los otros".
Por la contundencia de estas afirmaciones del edil, la demandante solicitó prioritariamente la declaración de nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, alegando represalias. No obstante, la magistrada ha desestimado la nulidad al considerar que no se aportaron indicios de prueba formales suficientes para conectar jurídicamente el cese con una persecución política.
Error en el cálculo de la indemnización
Además de la inexistencia de la causa organizativa, la sentencia señala un "error inexcusable" en la cuantía de la indemnización inicial de 4.896,59 euros que se le entregó a la periodista. La dirección de València Activa calculó dicha liquidación basándose en las tablas salariales del Convenio de Oficinas y Despachos.
Sin embargo, el fallo recuerda que meses antes, en junio de 2024, una sentencia firme de conflicto colectivo ya había reconocido el derecho del personal de la fundación a percibir las retribuciones equivalentes a las del personal del Ayuntamiento de València. Al haberse ignorado deliberadamente un mandato judicial firme que fijaba el sueldo anual real de la trabajadora en 49.560,26 euros, la indemnización legal por despido objetivo debió ascender a 9.730,96 euros, un defecto de forma insubsanable que arrastra al despido hacia la improcedencia.
La condena vincula directamente al Ayuntamiento de València debido a que el gobierno de PP y Vox decidió extinguir València Activa y el consistorio absorbió en su totalidad a la plantilla y sus obligaciones laborales. Por tanto, el Ayuntamiento responde ahora de manera solidaria ante las consecuencias de la condena impuesta.
La actual coyuntura profesional de la demandante —incorporada al equipo de comunicación de la Conselleria de Justicia— anticipa de forma casi definitiva el abono de la indemnización estipulada para saldar el litigio laboral heredado de la anterior etapa de gestión en el área de empleo local.
