VALÈNCIA. La emergencia habitacional, que se enquista como la principal preocupación de los ciudadanos encuesta tras encuesta, ha colocado inevitablemente las políticas de vivienda en el centro de la agenda pública. Los departamentos de Vivienda, otrora considerados áreas no tan centrales de los gobiernos, se han convertido en una de las competencias más sensibles en las administraciones. València no es ajena a esta presión, con un mercado libre en máximos históricos que dificulta el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.
La apuesta del gobierno local por mitigar esta crisis se articuló en el bautizado Plan + Vivienda con la promesa de construir unas 1.000 viviendas protegidas este mandato. Pero de ese millar de inmuebles previstos, solo una parte son efectivamente viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler asequible para los demandantes que cumplen los requisitos socioeconómicos.
En concreto, el parque público de viviendas gestionado por el Ayuntamiento de València ha aumentado un 66% en lo que va de legislatura tras la incorporación de 523 inmuebles, según los datos de la Concejalía. Con este incremento, el patrimonio público total sumaría unas 1.308 viviendas entre los recursos propios del Servicio de Vivienda y las promociones gestionadas por la empresa pública Aumsa.
Según fuentes municipales, en junio de 2023, el parque municipal alcanzaba 785 unidades, de las cuales 255 dependían de la delegación de Vivienda y 530 pertenecían al catálogo de Aumsa.
Tres operaciones de compra por tanteo
El gran motor de las 523 incorporaciones logradas en estos tres años ha sido el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, una fórmula de compra preferente que permite a la administración igualar la oferta de un comprador privado en el mercado libre para quedarse con el inmueble.
Pese a que el Partido Popular se opuso en su momento al decreto autonómico que potenció este mecanismo en la etapa del Botànic, en la práctica de la gestión municipal, la vía del tanteo se ha consolidado como una opción rápida para captar inmuebles terminados sin depender de los dilatados plazos de la construcción de obra nueva.
- Uno de los edificios que construye Aumsa.
- Foto: AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
A través de esta herramienta el Ayuntamiento ha sumado 273 viviendas al patrimonio municipal. Se trata de la compra de bloques residenciales completos: una finca de 134 pisos en el barrio de Safranar —cuya tramitación inició la anterior corporación municipal— y otros dos inmuebles situados en la pedanía de La Torre que aportan 131 y 8 viviendas respectivamente.
El área de Vivienda también ha optado a las permutas patrimoniales para ampliar la oferta pública. Mediante esta modalidad de colaboración, por la que el consistorio transfiere parcelas de suelo de titularidad municipal a promotores a cambio de recibir edificios residenciales completamente finalizados, se han incorporado otras 125 viviendas al cómputo global.
Permutas y remate de promociones en marcha
Las unidades restantes que completan el paquete de 523 nuevos inmuebles sumados desde junio de 2023 responden a la finalización de promociones públicas en marcha como varios edificios que ha construido directamente Aumsa o el propio servicio. Se trata de promociones como las 75 viviendas de la avenida Tarongers, dos promociones en Moreras o las de Tapinería y Sogueros que se han finalizado en este mandato.
Pese a este impulso, la ampliación del parque público no logra avanzar al mismo ritmo en el que crecen los demandantes de vivienda asequible en la ciudad. Solo en el último listado publicado por la empresa pública Aumsa constan alrededor de 1.200 solicitantes a la espera de ser adjudicatarios de un inmueble protegido, una cifra que alcanzó las 1.900 personas el año pasado.
