VALÈNCIA. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) aprieta a los ayuntamientos en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). El Consejo de Ministros aprobó este martes la modificación del Real Decreto 1052/2022 con el objetivo de atajar las ZBE 'fake' que incluyen moratorias sin fecha límite a la aplicación de multas y exigiendo un régimen sancionador activo que penalice a los vehículos según su potencial contaminante.
El movimiento del Ejecutivo central vuelve a situar en el foco la compleja encrucijada del Ayuntamiento de València. Sin una ordenanza definitiva aprobada para el conjunto de la ciudad tras encallar la negociación por el rechazo de Vox a aplicar restricciones y la falta de consenso con la oposición, el consistorio que lidera María José Catalá se encuentra a la espera de ver cómo encaja el nuevo filtro regulatorio estatal en sus planes.
Ante el riesgo económico que supone la posible exigencia de reintegro de fondos europeos y la revisión de las subvenciones estatales al transporte público urbano, el consistorio venía apoyándose en una vía de escape técnica: la Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella.
Según recuerdan fuentes municipales, se trata de un ámbito acotado que fue declarado ZBE provisional y que ya dispone de un sistema de cámaras plenamente operativo con régimen sancionador activo para los accesos no autorizados. Por tanto, la estrategia municipal pasaría por justificar que València sí cuenta con un perímetro con restricciones al tráfico y multas.
- Tráfico en una carretera.
- Foto: FVET
Sin embargo, el endurecimiento de la norma estatal introduce matices que ponen a prueba la solidez del salvoconducto valenciano. El decreto del MITECO explicita que las prohibiciones y las multas deben aplicarse en función de los distintivos ambientales de la DGT. En Ciutat Vella, el radar penaliza la falta de autorización o condición de residente, independientemente de si el vehículo es cero emisiones o altamente contaminante, por lo que se abre la duda de si los técnicos del Ministerio homologarán este control como una sanción de carácter ambiental.
Además, la reforma estatal persigue evitar que las ZBE se limiten a espacios reducidos o que ya contaban con limitaciones al tráfico con anterioridad. La gran incógnita es si el Ministerio dará por válido el perímetro del casco histórico como cumplimiento suficiente.
A día de hoy, la concejalía de Movilidad no ha reactivado las negociaciones ni con sus socios de Vox —enrocados en su negativa a respaldar cualquier normativa que implique multar al vehículo privado— ni con los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, para tratar de rescatar el borrador que decayó en el último minuto el pasado año. Ante la falta de avances para articular una ordenanza de consenso, el futuro de la Zona de Bajas Emisiones queda a expensas de la respuesta del Ministerio y del encaje real que pueda tener el atajo de la Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella en el nuevo decreto.
