VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València, a través de su empresa municipal Aumsa, ha dado luz verde a un acuerdo para cerrar uno de los flecos pendientes de la gestión urbanística de la época de Rita Barberá. València pagará 255.000 euros a la promotora de Jaime Febrer (Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar), que se encuentra en concurso de acreedores, para recuperar unos terrenos en Patraix y Quatre Carreres cuyos derechos de superficie fueron adjudicados en 2010 por un plazo de 99 años para edificar vivienda protegida.
Se trata de adjudicaciones a dos compañías del Grupo Axis, propiedad del empresario, investigadas en el caso Azud por el posible amaño en los procedimientos administrativos a cambio del cobro de comisiones. Con todo, los proyectos inmobiliarios nunca llegaron a materializarse. Así que la operación supone la recuperación de casi 9.000 metros cuadrados de suelo público, de los cuales 7.800 m² son edificables y donde el Ayuntamiento prevé ahora construir unas 644 viviendas para el parque público.
En los informes que figuran en la instrucción judicial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene constancia de reuniones entre el empresario Febrer y el entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau, para abordar "intereses particulares" del empresario en diferentes asuntos, entre ellos, las parcelas de Patraix y Quatre Carreres. Los agentes del instituto armado consideran en sus conclusiones que "se podrían haber llevado a cabo actuaciones en las fases de preparación y licitación de los referidos contratos, con la finalidad de favorecer al Grupo Axis". Y apunta directamente no solo a Grau sino también a otros miembros del consejo de administración de Aumsa en aquel momento como el edil de Urbanismo, Jorge Bellver, o el gerente de la entidad, Carlos Masía.
De este modo, el origen del desembolso de ahora son los derechos de superficie otorgados entre marzo y diciembre de 2010 sobre diversas parcelas situadas en los sectores PRR9 "Patraix" y NPR-7 "Quatre Carreres". A pesar de que los contratos fueron rescindidos oficialmente por AUMSA en mayo de 2016 debido a incumplimientos imputables a las propias empresas adjudicatarias, la situación jurídica de los terrenos permanecía bloqueada. La entrada de AUVM en concurso de acreedores en 2015 y su posterior fase de liquidación provocaron que las fincas quedaran afectas al proceso judicial, impidiendo que el consistorio pudiera disponer libremente de este suelo para nuevos proyectos de vivienda pública.
Para resolver este conflicto, el acuerdo recién negociado establece que AUMSA abonará la citada cantidad de 250.000 euros en concepto de liquidación por los gastos útiles y proyectos que la mercantil llegó a realizar antes de su quiebra. Este pago actúa como una contraprestación para que la administración concursal renuncie a cualquier derecho sobre las parcelas y facilite el levantamiento de todas las cargas y anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad.
La empresa en liquidación se compromete a no emprender ninguna acción legal adicional contra los intereses municipales, mientras que AUMSA asume los gastos derivados de limpiar registralmente las fincas. Una vez que el acuerdo sea homologado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de València, el Ayuntamiento recuperará el control total y libre de cargas de estos terrenos en los que Aumsa prevé edificar vivienda protegida.
644 viviendas para alquiler asequible
En concreto, el nuevo parque de 644 viviendas que se prevé desarrollar en esta bolsa de suelo que forman las nueve parcelas situadas en diferentes calles del sector PRR-9 de Patraix estará integrado predominantemente por viviendas de uno y dos dormitorios, con superficies entre 35 y 70 metros cuadrados para atender a diferentes demandantes de alquiler asequible. "Recuperamos un patrimonio de suelo fundamental que llevaba años bloqueado, lo que nos permite impulsar directamente uno de los mayores paquetes de vivienda asequible de las últimas décadas previstos en la ciudad. Es un impulso histórico”, considera el concejal de Vivienda y Urbanismo, Juan Giner.
Desde el PSPV, la concejal Elisa Valía, censura el acuerdo porque considera que “con el dinero de todos vamos a tener que pagar por unos terrenos que podrían conseguirse de manera gratuita si se reclamasen vía judicial”. Valía apunta que “la empresa estaba obligada a ejecutar unos desarrollos urbanísticos y no lo ha hecho, por lo tanto estos terrenos deben ser devueltos gratuitamente porqué la empresa ha incumplido”. Para los socialistas, “la alcaldesa vuelve a priorizar otros intereses distintos al interés general y lo hace pagando con el dinero de todos”.
