VALÈNCIA (EFE). El Ayuntamiento de València estudiará recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre viviendas turísticas, que según el equipo de gobierno local "avala" el acuerdo plenario objeto del fallo y se basa "en una discrepancia técnica de alcance interpretativo, no de fondo".

En un comunicado, el equipo de gobierno que preside María José Catalá ha reaccionado así al fallo hecho público este jueves por el TSJCV, según el cual se estima parcialmente el recurso contra la decisión plenaria de este Ayuntamiento de suspender la tramitación de las licencias para la implantación de viviendas turísticas.

"El equipo jurídico municipal estudiará la interposición del correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de defender la validez íntegra de los acuerdos plenarios y consolidar el marco de regulación urbanística del turismo que esta ciudad necesita y que los vecinos demandan", añaden las fuentes consistoriales.

Según aseguran, el TSJCV "confirma que la suspensión de licencias para nuevos usos hoteleros y turísticos era necesaria, proporcionada y fundada en razones de interés general: proteger el entorno urbano y el derecho a una vivienda digna ante el crecimiento descontrolado de las VUT en la ciudad".

Asimismo, remarcan que "la única matización del tribunal se refiere a una cuestión estrictamente técnico-jurídica: si la redacción del artículo 68.1 del TRLOTUP, vigente en mayo de 2024, amparaba expresamente la suspensión de licencias de cambio de uso y la eficacia de las declaraciones responsables. El Ayuntamiento defendió —y sigue defendiendo— que las licencias de edificación incluyen los cambios de uso, interpretación que comparte la propia legislación urbanística estatal".

Las fuentes defienden que el Decreto-Ley 7/2024 del Consell, posterior al acuerdo municipal, "clarificó y amplió el artículo 68.1 del TRLOTUP incluyendo expresamente la potestad de la administración promotora de acordar la suspensión de la tramitación y otorgamiento de licencias por cambios de uso y otros títulos habilitantes distintos a las licencias, como las declaraciones responsables".

Todo ello confirma, según el equipo de gobierno local, que el Ayuntamiento "actuó en la dirección correcta y con la debida diligencia para proteger los barrios residenciales" de la ciudad.