VALÈNCIA. El litigio entre la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) y el Ayuntamiento de València por el edificio de la antigua Tabacalera sigue acumulando capítulos. La última sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, del pasado 4 de marzo, rechaza la reclamación principal de Igsa, que solicitaba una indemnización al Ayuntamiento de València por responsabilidad patrimonial de más de 50 millones de euros.

Sin embargo, el TSJCV estima parcialmente el recurso al reconocer que el Ayuntamiento debe abonar a Igsa los intereses legales de demora por los 6,75 millones de euros que ya le pagó como compensación, después de que el solar de Micer Mascó fuera recalificado y la promotora perdiera la posibilidad de edificar allí. El pago de estos intereses será, en todo caso, mucho menor que la cantidad de más de 50 millones que solicitaba inicialmente Igsa. Aunque contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal ya se pronunció sobre el fondo de este litigio a favor del consistorio en la última sentencia de octubre de 2024.

El inicio de la 'maraña' urbanística

Para entender el inicio del conflicto de Tabacalera, hay que remontarse a 2005, cuando el Ayuntamiento de València, dirigido por la ‘popular’ Rita Barberà, firmó un convenio urbanístico con Igsa. En dicho convenio, a cambio de entregar al consistorio el edificio central de la antigua fábrica de tabacos, la promotora recibió una parcela en Plaza América para construir viviendas, así como la recalificación a uso residencial de dos solares situados detrás de Tabacalera, donde antes se ubicaban naves industriales. Además, Guadalmedina abonó 14,4 millones de euros al Ayuntamiento: 13,5 millones por la recalificación de los solares traseros y 0,8 millones por la diferencia de valor de los inmuebles permutados.

Sin embargo, un recurso de la plataforma Salvem Tabacalera llevó al Tribunal Supremo a anular la operación al considerar ilegal la desprotección de las naves industriales demolidas. Pero la sentencia llegó cuando todo estaba consumado: las naves ya habían sido derribadas, el Ayuntamiento utilizaba la antigua fábrica como oficinas e Igsa había construido y vendido viviendas tanto en Plaza América como en uno de los solares traseros, quedando el otro sin edificar.

Ante esta situación, revertir el proceso resultaba imposible, ya que habría implicado desalojar tanto al Ayuntamiento como a los vecinos de los pisos construidos. Por ello, la única opción viable ha sido liquidar el convenio de 2005, también anulado por la justicia, para intentar cerrar un embrollo urbanístico que arrastra dos décadas de litigios.

La reconstrucción de las naves, todavía pendiente

Más allá del pago de la compensación por la pérdida de edificabilidad -y de los intereses de demora según la última sentencia- el Ayuntamiento de València todavía tiene por delante varias actuaciones antes de cerrar la maraña urbanística de Tabacalera. La sentencia de 2015 obliga al consistorio a reconstruir las naves industriales que se demolieron, puesto que se desprotegieron de manera ilegal. Como consecuencia de esta reconstrucción, el consistorio tendría que eliminar los jardines que actualmente ocupan el espacio donde estaban las naves. Para compensar esta pérdida de zonas verdes, el Ayuntamiento tendría que trasladar esos jardines al solar vacío de la calle Micer Mascó, que sigue siendo propiedad de Guadalmedina y por tanto, el consistorio tiene todavía que expropiar esta parcela previo pago a la promotora.