VALÈNCIA (EP). Las asociaciones de vecinos de los barrios del distrito Marítimo de la ciudad de València han acordado llevar a cabo acciones comunes "frente a la cesión de suelo municipal para el rascacielos del puerto", según ha informado en un comunicado la Federació d'Associacions Veïnals de la capital valenciana.

Así, ha indicado que las entidades vecinales de los barrios del Marítim (Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, Malva-rosa, Natzaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí) se han reunido este lunes junto a la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, María José Broseta, "para expresar su rechazo al proyecto del rascacielos impulsado por la Autoridad Portuaria de València (APV) y a la decisión de la alcaldesa, María José Catalá, de ceder una parcela municipal sin contraprestación económica ni social para la ciudad".

Las acciones conjuntas que han acordado emprender estos colectivos pretenden "defender a los habitantes y sus derechos frente a la proliferación masiva de apartamentos y edificios turísticos, con el consecuente colapso del transporte público y la proliferación de suciedad y fiestas en hostales y bajos", ha añadido la federación.

Las entidades vecinales consideran que el rascacielos es "una operación especulativa que responde únicamente a los intereses del puerto y no al interés general".

Las asociaciones denuncian que la cesión "se ha realizado sin debate público y sin exigir compensaciones que podrían haber revertido en la ciudad, como un canon millonario o la recuperación para uso ciudadano de parcelas portuarias situadas fuera del recinto portuario". Como ejemplo citan "el polideportivo con piscina que la APV mantiene en el barrio del Canyamelar, de uso exclusivo para su personal y cuya reversión al uso público no ha sido siquiera planteada por la Alcaldía".

Los representantes vecinales han manifestado que la "renuncia a defender el patrimonio municipal" supone "una dejación de funciones muy grave en favor de un lobby concreto".

Asimismo, respecto al rascacielos proyectado, exponen que "durante la tramitación del Plan Especial del Cabanyal, la Dirección General de Costas obligó a reducir la altura de un hotel de quince plantas en Eugenia Viñas por su impacto paisajístico y patrimonial", por lo que consideran "injustificable que ahora se pretenda autorizar una torre de treinta plantas en un entorno donde lo que primero debería plantearse es recuperar la histórica Escalera Real para los ciudadanos antes de una operación mercantil para la APV".

Las asociaciones de vecinos han subrayado que "los barrios marítimos necesitan sobre todo vivienda asequible para frenar la expulsión de su población y no proyectos que, además de agravar el problema, solo parecen destinados a favorecer los intereses económicos del puerto y sus problemas para costear unas obras de ampliación cuestionadas e insostenibles para el medio urbano y natural".

"Debate público"

Estos colectivos reclaman "la paralización del proyecto, la apertura de un proceso transparente de debate público y una revisión profunda de la relación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria basada en la defensa del interés general, el respeto al entorno urbano y litoral y las necesidades reales de los barrios".