VALÈNCIA (EFE). La Plaza del Ayuntamiento de València ha acogido este sábado una concentración convocada por diferentes organizaciones para reclamar una ley estatal que garantice el derecho a una vivienda digna, en lo que aseguran que es el inicio de una serie de movilizaciones para lograr este objetivo

La acción, convocada por PAH València, Entrebarris, varios sindicatos y plataformas contra la pobreza y que también se ha celebrado en otras ciudades de España, ha reunido a unas cuatrocientas personas, según fuentes de la organización, que han recorrido la plaza entre cánticos y al finalizar han leído un manifiesto.

"Este es el primer paso de una lucha que no se termina hoy y que va a tener un recorrido importante, porque responde a una de las principales necesidades de la población española en estos momentos, el derecho a una vivienda digna", ha indicado a EFE uno de los portavoces del acto.

El manifiesto reivindica que no hay que dejar "escapar la oportunidad" que brinda la elaboración de la ley estatal de vivienda para conseguir "un avance histórico" en la cobertura de este derecho fundamental, después de "42 años de absoluta vulneración de este derecho humano".

Los convocantes afirman que en 2020 ha habido en la Comunitat Valenciana 4.501 familias y personas que han sido "expulsadas de sus casas", y que esta ha sido la autonomía con más ejecuciones hipotecarias, que han crecido "un 42 % respecto a 2019".

Entre las cuestiones que reivindican, figura que la ley garantice el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, y la paralización de desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores.

También piden asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20 % del conjunto de viviendas en veinte años, y que haya una regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio.

Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna; garantizar una segunda oportunidad para los hogares con deudas hipotecarias, y ampliar el presupuesto para vivienda social son otras demandas, así como que la población participe de forma activa en toda la política de vivienda y urbanismo.