El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Joan Calabuig. Foto: EFE/MANUEL BRUQUEVALÈNCIA (EP). La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha sacado a licitación la contratación del servicio para la gestión externa de su Canal Ético, con un presupuesto base de 71.400 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de 36 meses. Las empresas interesadas podrán presentar su oferta hasta el 8 de mayo a las 13.00 horas, según ha informado la APV en un comunicado.
El objeto de este contrato es la prestación del servicio externo accesible vía web para la gestión de las consultas y denuncias cursadas a través de este canal. El contrato incluye los servicios de apoyo jurídico, consultoría y emisión de informes en relación con la tramitación interna de esas consultas y los procesos de investigación.
La APV fortalece su compromiso de buenas prácticas con la sociedad a través de su Canal Ético, una herramienta accesible a las personas, autoridades, clientes, empleados y demás grupos de interés. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Valenciaport con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Entre estos objetivos se incluyen los relativos a "paz, justicia e instituciones sólidas", que establecen metas relativas a la reducción de la corrupción y el soborno, la creación de instituciones eficaces y transparentes o la garantía de acceso público a la información.
El Canal Ético es una herramienta que mejora los valores y la cultura de la organización; asegura el cumplimiento de los procedimientos y políticas organizativas, así como de las obligaciones legales y sociales; permite una gestión rápida y eficaz de las denuncias y ayuda a prevenir la pérdida de patrimonio.
El Consejo de Administración de la APV, como muestra del compromiso de la entidad con objetivos de integridad corporativa, aprobó el 16 diciembre de 2021, entre otros, el Código de Conducta y el primer Plan de medidas Antifraude, en el que se detallan los cuatro elementos clave del denominado "ciclo antifraude", como son prevención, detección, corrección y persecución.
En esta línea, un canal ético es un instrumento "muy efectivo para reducir los riesgos y crear confianza, ya que permite a la organización detectar incumplimientos en una etapa temprana, actuando como mecanismo de prevención ante posibles actos de fraude, corrupción, acoso y otras acciones indebidas", señala la entidad.
La implantación de este canal responde a la Directiva Europea 2019/1937 y su transposición a la legislación española mediante la Ley 2/2023. De hecho, en mayo de 2022 la APV inició la prestación del primer servicio de gestión externa del Canal Ético de la APV con una duración inicial máxima de 12 meses, que permitiese su despliegue inmediato y sirviera de experiencia.
La APV viene desarrollando desde hace años actuaciones en el ámbito medioambiental y social que se han visto completadas con la implantación de medidas en materia de Gobierno Corporativo y mejora del control interno. La política de Responsabilidad Social e Integridad Corporativa incluye principios como la transparencia, el compromiso de integridad corporativa, prevención del fraude y la rendición de cuentas, entre otros.
