VALÈNCIA. El Consejo General de Economistas, junto al Consejo General de Ingeniería Técnica, han elaborado un informe sobre el impacto económico de la covid-19. Recoge información de 2.400 empresas y firmas de toda España, y trata de relatar qué ha pasado y cuáles son los retos de futuro.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha explicado en Plaza Radio que "hay que diferenciar entre las empresas que están en un ERTE y las que no, ya que las que están en ERTE tienen una preocupación mayor, sobre todo por la evolución de la pandemia y el futuro".
Además, ha explicado que las empresas han reflejado en la encuesta "la importancia de la digitalización, ya que no sólo tienen que hablar de ella, sino también aplicarla". En este punto, Pich ha querido diferenciar entre el teletrabajo y el trabajo en remoto, lo que requiere "un planteamiento en profundidad sobre cómo te organizas para hacer parte de tu actividad en teletrabajo, asunto que se plantean las empresas más dinámicas". Asegura que "hay miles de empresas en diferentes sectores que quieren cumplir las leyes en cuanto al teletrabajo", pero hay cuestiones que según el presidente del Consejo de Economistas de España deben valorarse antes de aplicarlo, como son "qué puestos permiten el teletrabajo, la voluntad de las personas o su edad". El problema de esta crisis, remarca, "es que las empresas que se han dormido y no han aprovechado estos meses para ello, tendrían que plantearse si tienen algo que hacer en el mundo que viene".
En este sentido, Pich explica que las empresas más afectadas por no poder aplicar el teletrabajo son las que requieren de presencia física, como "los restaurantes, hoteles, restauración o comercios". "Vivimos momentos decisivos porque nos planteamos cómo ayudar a estos sectores, que no pueden hacer nada si están solos", sentencia Pich.
Las polémicas que más han resonado a la hora de hacer la encuesta, según señala, son "la modificación del marco laboral y la subida de impuestos asociados al factor trabajo". Recalca que "en nuestro país, tradicionalmente tenemos el doble de paro que en la Unión Europea, y que el impuesto sobre el trabajo está en el rango medio-alto de la OCDE", por lo que "cuando hay una discusión política sobre subir impuestos, las empresas son reacias, ya que quieren marcos legislativos legales, conocidos y previsibles".
Con todo, Pich asegura que será en septiembre u octubre cuando "habrá que sacrificar cosas para mantener lo esencial", y ver si "las administraciones son capaces de dar el do de pecho".