Foto: EFEVALÈNCIA (EP). Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ACV Tirant, Escola Valenciana e Intersindical Valenciana han presentado sus respectivos informes a la consulta pública previa al Proyecto de Decreto del Consell, por el cual se regula la acreditación de la competencia lingüística en los conocimientos del valenciano, como requisito para el acceso a la ocupación pública. Las entidades advierten de que "resultaría incomprensible una futura regulación por debajo del C1 para el colectivo que se relacione con la ciudadanía".
En un comunicado conjunto, estas entidades recuerdan que la Ley de la Función Pública Valenciana, publicada en 2021, establece por primera vez la exigencia de la competencia lingüística en valenciano, a pesar de que no especifica los niveles concretos de conocimiento, puesto que se posponía a una regulación posterior.
Esta regulación es el proyecto de Decreto que la Generalitat Valenciana ha sacado a consulta pública recientemente. Previamente a este trámite, la consellera de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, "rebajaba la exigencia lingüística simplemente en el título obtenido por haber superado el Bachillerato, que actualmente es un B2".
ACPV, Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, Escola e Intersindical consideran "insuficiente este nivel para que el funcionariado pueda atender correctamente al público tanto de manera oral como de manera escrita".
Además, subrayan que "esta rebaja al B2 entra en gran contradicción con otra normativa de la misma conselleria, que en 2017 ya estableció el C1 como requisito para los cuerpos más altos de funcionariado".
Este es el nivel --inciden-- que, de acuerdo con el MECRL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), se considera adecuado para el funcionariado que atiende el público y se relaciona de alguna manera, oralmente y por escrito, con la ciudadanía.
Piden tener en cuenta, además, que el 70% del funcionariado ya tiene este nivel o niveles superiores, por lo tanto, "resultaría incomprensible una futura regulación por debajo del C1 para el colectivo que se relaciona con la ciudadanía".
Agregan que, según el 'Informe anual de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià de 2021', que realiza Escola Valenciana con otras entidades y sindicatos, "tres de cada cuatro vulneraciones lingüísticas recogidas en el informe las producen las administraciones públicas (ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, conselleries y ministerios)".
"Esperamos que la Generalitat Valenciana y, en concreto, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, acepten las propuestas de las entidades, que lleven años trabajando por el valenciano, tanto en la enseñanza como al conjunto de la sociedad".
Avisan de que "el uso social del valenciano está retrocediendo de forma preocupante, según los propios informes de la Generalitat Valenciana" y "cualquier medida que no ponga en valor nuestra lengua como se merece incrementará el retroceso del valenciano, que continuará teniendo menos presencia pública que el castellano".
Por eso, consideran que la administración "tiene que garantizar los niveles de conocimiento del valenciano del funcionariado para aumentar el prestigio de la lengua propia, contribuir a su protección como lengua minorizada, y fomentar el uso social".
