Varios acusados rompen la unidad de defensa liderada por Zaplana y anticipan posibles acuerdos

VALÈNCIA. El juicio del caso Erial que sienta en el banquillo a Eduardo Zaplana –junto a otras 14 personas físicas y cuatro jurídicas– arrancó este jueves a la tercera. Hasta la fecha había sido suspendido en dos ocasiones. La última, el pasado enero debido a que el abogado del expresidente de la Generalitat sufrió un infarto. Finalmente, el letrado, tras recuperarse, ha decidido seguir asumiendo la defensa y la sesión empezó con normalidad. Tanta que dio tiempo a que finalizaran todas las cuestiones previas. El juicio se retomará directamente el próximo 9 de abril con la declaración del exministro. 

Los investigadores del caso Erial consideran a Zaplana y a su círculo más cercano como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del exjefe del Consell, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros. 

Dos temas marcaron la jornada de este jueves. Uno fue las peticiones de las defensas de la mayoría de los acusados, muchas de ellas dirigidas a anular la causa. Y otro los elocuentes silencios de una minoría de letrados que representan a parte de los colaboradores de Zaplana de la época en la que sucedieron los hechos: los de Vicente y José Cotino, sobrinos del que fuera director de la Policía Nacional Juan Cotino (fallecido en 2020); el del considerado testaferro del exministro y amigo personal, Joaquín Barceló –alias 'Pachano'–; y el del exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García. 

Si hubiera que seguir un camino de migas de pan, éste guiaría a la existencia de conformidades con la Fiscalía cada vez más claras. En todo caso, un acuerdo debe concretarse en el mismo juicio y para ello resulta clave la declaración de los acusados que han alcanzado el pacto. Sin esos testimonios, nada vale. Así que habrá que esperar a abril. Los acuerdos podrían conllevar reducciones de pena considerables o sustituciones por multas millonarias. 

El presidente de la Sala, Pedro Castellano, se dirigió antes del inicio de la sesión a los abogados para preguntarles si alguno tenía disposición a llegar a acuerdos, según fuentes cercanas a la causa. Nadie se pronunció. La callada por respuesta no quiere decir nada porque las conformidades pueden existir igual sin querer desvelarlas en este momento. 

Pero mientras tanto, las actitudes son relevantes. Los abogados de los mencionados cuatro acusados apenas participaron en las cuestiones previas –de hecho, ni siquiera plantearon–. El de 'Pachano', una confesión altamente relevante en caso de producirse, sólo intervino con una escueta frase: "No tengo nada que decir salvo adherirme a la posición de la Fiscalía de excluir de la causa a la mujer de Joaquín Barceló". Y así lo decidió al final el tribunal. Queda excluida. 

Mientras estos acusados rompieron la unidad de defensa liderada por Zaplana y que ha tratado de impulsar de cara al juicio, el resto sí la mantuvo. Todos los letrados expusieron vulneraciones de derechos fundamentales y peticiones de nulidad, además de nuevas pruebas. Lo primero fue en su mayoría rechazado por el tribunal, aunque algunas de las nuevas pruebas sí fueron admitidas. 

El tribunal rechaza que el juicio vaya a Madrid y avala los 'papeles del sirio'

La primera cuestión previa planteada por los abogados –y expuesta por el del exministro, Daniel Campos– fue la petición de que la Sala de la Audiencia de Valencia que enjuicia los hechos se inhiba para que los enjuicie la Audiencia Nacional. En su opinión, los delitos que llevan aparejada la pena más grave –como el cohecho– no fueron presuntamente cometidos en Valencia porque el dinero se llevó a Andorra y Luxemburgo, por lo que cuestionó la competencia territorial.

La Fiscalía se opuso al entender que fue en Valencia donde se predeterminaron una serie de adjudicaciones públicas y el cohecho se realizó aquí independientemente de dónde fuera a parar el dinero. El tribunal rechazó la solicitud de que la causa se enjuicie en Madrid. 

El abogado de Zaplana, y también la gran mayoría de letrados, pidieron anular los famosos 'papeles del sirio'. Se trata de aquellos que dieron inicio a la investigación del caso Erial. En el sumario consta que el origen de las pesquisas fueron una serie de documentos hallados por la Guardia Civil en el despacho del abogado de Marcos Benavent (exgerente de Imelsa) durante un registro en 2015 en el marco de otra supuesta causa de corrupción, Taula. 

Benavent explicó que la documentación se la entregó sobre el año 2012 una persona de origen sirio y éste acabó contando a la Guardia Civil que dio unos papeles al exgerente de Imelsa que había encontrado diez años atrás (es decir, sobre 2007) en una vivienda en la que estuvo residiendo en régimen de alquiler y que anteriormente fue ocupada por Zaplana. En ellos se dibujaba una perfecta hoja de ruta para lograr las adjudicaciones y las posteriores comisiones. Esta enresevada historia nunca ha convencido a las defensas. 

La Fiscalía defendió que el auto de entrada y registro estuvo totalmente motivado y que ha sido avalado por la propia Audiencia de Valencia. En esos papeles, recordó, había una serie de operaciones que evidenciaban que había una adjudicación pública predeterminada y eso justificaba perfectamente que se investigara. El tribunal decidió que inadmitía la nulidad de la prueba pero se pronunciará fundamentadamente sobre este asunto en la sentencia. Un pronunciamiento relevante de entrada porque ya avala los famosos papeles. 

Una línea similar a la de Zaplana siguió el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, quien se sienta en el banquillo por estos hechos. Su letrado remarcó que no entendía por qué su cliente estaba siendo juzgado y no las empresas beneficiarias de las adjudicaciones. También expuso que los delitos de cohecho y prevaricación estaban prescritos.