La cantidad malversada podría ascender a 24 millones de euros derivados de la constitución de la sociedad mixta Aigües de Sagunt S.A.
VALÈNCIA (Agencias). Agentes de la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han desplegado una operación relacionada con una investigación sobre la gestión del agua en la localidad valenciana de Sagunto, en la que han practicado detenciones -entre ellas habría ex cargos públicos- y se están llevando a cabo registros. Los siete detenidos este martes en el marco de la llamada operación Flotador por presuntas irregularidades en la gestión del suministro del agua en Sagunt ostentaron cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de esta localidad y en Aguas de Valencia.
Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, quien ha señalado que la titular del juzgado que instruye la causa ha declarado el secreto de sumario y que algunos de los detenidos, sin especificar cuántos, fueron cargos públicos.
Fuentes policiales han señalado a Efe que los detenidos están investigados por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Entre los arrestados se encuentra María Teresa Peris, exconcejal de Sagunto con el PP.
Se trata de una investigación relacionada con contratos de la empresa Aigües de Sagunt, la sociedad mixta participada por el Ayuntamiento de Sagunto (51%) y Aguas de Valencia (49%) que desde 2009 gestiona el suministro de agua a esa localidad valenciana. Las irregularidades habrían causado un perjuicio económico superior a los 42 millones de euros.
Fulgencio, que ha asistido al acto de celebración del 195 aniversario de la fundación de la Policía Nacional en València, ha confirmado a los periodistas que hay varios registros domiciliarios y detenciones practicadas, algunas de ellas de personas que fueron en su día cargos públicos pero que en la actualidad no desempeñan ese cometido.
El delegado del Gobierno no ha querido facilitar más detalles dado que el juzgado que se encarga del caso ha decretado el secreto del sumario, pero sí que ha subrayado que la operación está en marcha y guarda relación con la gestión del agua.
Fuentes de la localidad han señalado a Europa Press que ni en el edificio central del Ayuntamiento de Sagunto ni en el principal que alberga el mayor número de oficinas municipales se ha realizado registro alguno. Según ha indicado a EFE el alcalde, Francisco Fernández, ningún agente de la UDEF ha acudido este martes al Ayuntamiento de Sagunto y ha añadido que la operación se inició hace ya tres años.
Aguas de Valencia asegura que ningún agente ha ido a la empresa mixta Aigües de Sagunt y todos sus empleados trabajan con normalidad.
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de siete personas: en Valencia tres, uno en Sagunto y otro Bétera y en Torrefarrera y Archena otros dos, por su presunta participación en delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
La investigación deriva de unas presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunto para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad de economía mixta, junto con el citado Ayuntamiento, para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Sagunto.
Como consecuencia del desarrollo y ejecución del concurso de selección del socio privado, se constituyó en el año 2009 la sociedad mixta Aigües de Sagunt SA cuyos socios participativos son el Ayuntamiento de Sagunto (51%) y la entidad Aguas de Valencia (49%), la cual resultó adjudicataria de la licitación.
La cantidad presuntamente malversada podría ascender a 24 millones de euros y que, en definitiva, debería ser el importe recibido en las arcas municipales. Sin embargo la situación económica del Ayuntamiento de Sagunto, derivada del expediente para la adjudicación de la concesión del agua, se materializó en la existencia de un préstamo participativo de aproximadamente 12.500.000 euros a favor de Aguas de Valencia, y una ausencia de ingreso del importe restante hasta los 24 millones de euros antes citados.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sagunto puso en marcha en 2016 la denominada 'operación Flotador', por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del consistorio saguntino, en la época en la que estaba al frente del Ayuntamiento el exalcalde y actual diputado del PP en Les Corts, Alfredo Castelló.
El exalcalde de Sagunto ha dicho no tener conocimiento de la investigación abierta relacionada con contratos de la empresa Aigües de Sagunt, que gestiona el suministro de agua a esa localidad valenciana.
En declaraciones a EFE, el actual diputado del PP en Les Corts ha afirmado que nadie le ha dicho nunca nada de que se le investigue en esta causa, y ha manifestado que jamás ha tenido ninguna comunicación del juzgado que la instruye. Castelló ha asegurado que no ha recibido jamás ninguna notificación del juzgado, y ha indicado que se trata de actuaciones que ocurrieron antes de que él fuera alcalde de la localidad.
Ha explicado que la adjudicación del contrato que el Ayuntamiento firmó con Aguas de Valencia se produjo a principios de 2007, unos dos o tres meses antes de que él se hiciera cargo de la Alcaldía de esta localidad valenciana.
La investigación afectaba a hasta once concejales y exediles de las dos últimas legislaturas por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Ya entonces, en octubre de ese año, se informó de registro, por orden de la instructora, en varias dependencias municipales y las oficinas de seis empresas: tres sedes municipales en Sagunto y Puerto de Sagunto, las oficinas de Agua de Valencia en la localidad y en la capital y las sedes de otras cuatro empresas.
