Vecinos de la zona de Castor declaran que observaron daños en sus viviendas tras percibir movimientos sísmicos

CASTELLÓ. Algunos vecinos del entorno de Castor -el almacén subterráneo de gas ubicado frente a la costa de Vinaròs- han declarado este miércoles que observaron daños en sus viviendas tras percibir movimientos sísmicos. Así lo han asegurado en la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Castellón contra dos directivos de la empresa adjudicataria del proyecto Castor, Escal UGS, acusados de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, junto a la propia mercantil.

La primera de las afectadas en declarar ha señalado que, tras apreciar un movimiento sísmico en el que se movía la cama, dos días después comprobó que había una grieta en la pared de una habitación de su vivienda y que el suelo se iba hundiendo. Desde su seguro, según ha señalado, le dijeron que no se debía a un hecho natural, sino a la inyección de gas. Asimismo, otros testigos han asegurado que, tras notar movimientos, observaron en sus viviendas grietas o daños en baldosas de la pared. Una de ellas ha relatado que sintió "mucho susto", pues se le cayo un mueble de al lado de la cama y comenzaron a salir rajas en la cocina.

Concretamente, una vecina de Amposta (Tarragona) ha explicado que en la vivienda que había reformado poco antes se notaron movimientos en el suelo y al día siguiente aparecieron grietas en las paredes y en el techo "bastante importantes". Otro de los testigos ha indicado que en una de las esquinas de su ático le salió una grieta al día siguiente de notar terremotos, aunque desde su seguro le dijeron que no aceptaban la reclamación porque "había sido la acción de la mano del hombre".

También ha declarado en la sesión de este miércoles una trabajadora de la plataforma, que ha subrayado que en la misma no notó ningún seísmo, aunque en su casa percibió en una ocasión que le temblaba el suelo y en otra que se movía la cama mientras dormía. El juicio continuará la próxima semana con la declaración de nuevos testigos.

Hechos

Los hechos ocurrieron en 2013 cuando, según mantiene la Fiscalía, la actividad de la mercantil generó un aumento de los terremotos en la zona que ocasionaron daños tanto en la localidad de Vinaròs como en otras. La acusación pública solicita una petición de seis años de prisión para cada uno de los dos procesados y una multa de 189.000 euros para la empresa acusada.

Por su parte, un total de 123 afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria Escal UGS, SL -participada mayoritariamante por ACS- y a dos de sus directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la "ola de pánico" generalizado que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representa a la asociación de afectados Aplaca.