"En el informe de 2021, la Comisión reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad", ha dicho Jourova durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Asimismo, ha reiterado que para Bruselas es "importante" que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente", recordando que "en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Dichos estándares implican que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces.
Jourova, que visita España esta semana en el marco de la evaluación anual que Bruselas realiza sobre la salud democrática de los Estados miembro y que se publicará este julio, ha señalado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha aportado una definición conforme a la cual "hay una vulneración en el Estado de Derecho cuando hay varias instituciones que se exceden en lo que es su mandato".
Aunque ha rehusado adentrarse en el "debate político" --"casi pelea"-- que se está desarrollando en España, sí ha querido reiterar la "preocupación" de Bruselas por el bloqueo en torno al CGPJ, avanzando que aparecerá recogida en el informe que publicarán el próximo mes.
"Tenemos una gran preocupación en relación con el CGPJ en España y queremos que esta situación se desbloquee cuanto antes, que se cumpla lo previsto y los estándares generales en Europa", ha resumido, incidiendo en que "esta cuestión de los nombramientos debe solucionarse cuanto antes".
Jourova ha explicado que está en España precisamente para "debatir" este asunto y "ver cómo se elabora una solución", si bien ha alertado de que si la solución alcanzada "no es buena" puede conducir a una politización del CGPJ, "cosa que sería una cuestión grave".
También ha indicado que le gustaría ver, "en España y en cualquier otro Estado miembro", unas "salvaguardas" para las jueces, "para que no se penalice a nadie por las decisiones que adopte" pero para que tampoco haya "abuso de poder". El estamento judicial debe ser "independiente e impecable", ha enfatizado.
La fiscal general
Por otro lado, ha anticipado que en dicho informe "se publicará un comentario acerca de la fiscal general, sobre su autonomía e independencia", después de que tanto el diputado 'popular' Luis Santamaría como el de Vox Carlos Zambrano hayan denunciando el "marcado carácter político" de Dolores Delgado por haber ostentado anteriormente la cartera de Justicia.
Jourova se ha limitado a apuntar que "cuando vemos que ocurren cosas parecidas en distintos Estados miembros no significa que en el mismo campo se esté dando un caso igualmente grave". "Por ejemplo, en Polonia el ministro de Justicia es el fiscal general, los dos cargos recaen sobre la misma persona. Esto no nos gusta pero no es inconstitucional según su sistema y no podemos decir tampoco que vulnere la normativa europea", ha expuesto.
En todo momento, ha puesto de relieve que examinar el Estado de Derecho en los países de la UE es "un trabajo muy sutil" que consiste en analizar el sistema de controles y contrapesos en su conjunto para determinar si las "imperfecciones" de algunos engranajes se corrigen en otros.
En otro orden de cosas, la vicepresidenta comunitaria ha contestado a las preguntas suscitadas por los diputados españoles, entre ellos Josep Pagès (Junts), que ha denunciado una persecución a "la minoría nacional catalana" y a sus representantes políticos, mencionando concretamente al ex presidente catalán Carles Puigdemont, del que ha dicho que está "libre en Europa" pero que si regresara a España sería encarcelado.
La dirigente europea ha respondido que aquí se encargaron de "vigilar" si la petición de detención de Puigdemont "era conforme a la Justicia" para garantizar que "el sistema funciona correctamente". "Cuando hablamos de sentencias en casos individuales tenemos que dejar que cada Estado miembro y cada tribunal competente decida", ha añadido, acotando que su cometido no es "interferir" en casos individuales.
"Preocupación" por Pegasus
En la misma línea, ha atendido la preocupación de Pagès en relación con el presunto espionaje a políticos catalanes mediante el 'software' israelí Pegasus. En este punto, ha manifestado que su función es verificar si se ha actuado con respeto a la ley y que en su reunión del lunes con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se le trasladó que así había sido.
De todas formas, ha reconocido que le preocupa "lo fácil que es utilizar estas herramientas de espionaje en estados europeos", rememorando que ya se han destapado varios casos en los que se habrían usado contra políticos y periodistas. "Es una cuestión muy seria para nosotros", ha rematado.
Jourova ha precisado que en el caso de las autoridades nacionales lo relevante es que se haga un uso legal de dichos programas, pero que si pasaran a emplearlos las empresas privadas entonces habría que actuar e incluso "acudir a los tribunales".
Confía en los gobiernos
El diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra también ha trasladado a Jourova su queja por la "opacidad" del Gobierno a la hora de repartir los fondos europeos Next Generation.
La vicepresidenta comunitaria se ha mostrado consciente de que en algunos estados hay "un alto nivel de frustración", confirmando que se han recibido quejas procedentes de España y de países del este.
A este respecto, ha fijado que "la distribución de estos fondos tiene que ser transparente y basada en asociaciones en sentido vertical y horizontal", recalcando a su vez que "las normas para distribuirlos se basan siempre en la confianza que tiene la UE en los estados miembros": "Tenemos que confiar en los gobiernos".
Más allá del reparto de fondos europeos, se ha referido a lo que ha denominado "la construcción de una cultura de la transparencia" para que "los poderes principales en un Estado" comprendan que "las personas tienen derecho a información".
El PSOE denuncia "blanqueamiento" de la ultraderecha
En su turno, el diputado socialista Francisco Aranda ha puesto sobre la mesa el riesgo democrático que supone "el blanqueamiento que algunos partidos hacen de exponentes patrios de la ultraderecha europea" al incorporarlos en sus gobiernos, en alusión a PP y Vox.
Jourova ha hablado en términos generales de las amenazas al Estado de Derecho para mencionar las campañas de desinformación y para influir en los procesos electorales, recordando casos como el de Cambridge Analytica o el asalto al Capitolio, ambos en Estados Unidos.
"El poder de los órganos constitucionales y de la democracia americanos han sobrevivido a todo esto pero, por otra parte, hay cosas que sí que van a quedar para siempre, así que los sistemas y el buen entendimiento de los pesos y contrapesos es algo clave para la UE", ha concluido.