Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda activa una convocatoria de ayudas para sacar nueva oferta de obra nueva al mercado valenciano. Y lo hace, de nuevo, a través de la colaboración público-privada. En esta ocasión ha lanzado una línea, dotada de 8,7 millones de euros, para movilizar suelo privado y promover alquiler asequible, pero también nuevos modelos habitacionales que poco a poco se abren paso en el mercado español como es el cohousing o las viviendas en régimen de cooperativa.
De esta forma, este programa, enmarcado en el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025, contempla ayudas para promotores y cooperativas con el fin de mover en suelos privados viviendas en régimen de alquiler, cooperativista y cohousing, es decir, edificios en los que los usuarios comparten espacios comunes, pero con viviendas privadas e independientes. El objetivo es construir entre 120 y 150 nuevos inmuebles.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba este viernes la convocatoria de ayudas para que los interesados presenten sus propuestas. Eso sí, también habrá unas requisitos como que las viviendas estén destinadas al arrendamiento, cesión de uso o similar durante un plazo mínimo de veinte años e vayan dirigidas a personas con ingresos reducidos.
Según explica el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, este proyecto viene a sumarse a otras líneas de trabajo que ha puesto en marcha la Conselleria para cubrir la demanda existente que hay en el mercado y fomentar así la vivienda asequible. Y es que, cabe recordar, que hace solo unas semanas que Vivienda cerraba el concurso para la cesión de suelo público a promotores para construir cerca de 1.100 viviendas en régimen de alquiler asequible.
No obstante, en esta convocatoria las ayudas se dirigen también a cooperativas de viviendas y no únicamente se circunscriben al alquiler, sino que también fomentan nuevas alternativas habitacionales enfocadas en los espacios compartidos. Además, ahora se busca movilizar suelos privados.
El plan, dotado con 8,7 millones de euros, de los que el 50% son fondos propios de Vivienda y la otra mitad a cargo del Gobierno, se ejecuta a través de inversiones directas a una persona física, empresa o entidad privada a través de un procedimiento de pública concurrencia. Así, el adjudicatario recibirá una subvención pública para cubrir una parte de los costes de construcción.
De acuerdo con las bases, los promotores o cooperativas podrán obtener una ayuda de hasta un máximo 420 euros por metro cuadrado de superficie útil. No obstante, la cuantía máxima de esta subvención, en conjunto, no podrá superar el 50% de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.000 euros por unidad residencial.
Por todo ello, la previsión del departamento que dirige Héctor Illueca es que se puedan construir en alguna de las diferentes modalidades -cooperativa, cohousing y alquiler asequible- entre 120 y 150 viviendas nuevas en la Comunitat Valenciana.
"En la Conselleria entendemos que hay dos líneas de trabajo. Una con fondos europeos dirigida a la promoción de alquiler asequible en suelo público y otra financiada con fondos propios y del Estado para fomentar proyectos con criterios sociables y asequibles dirigida a privados. Ambos nos permiten abarcar todas las demandas existentes y fomentar la vivienda asequible", destaca Aguilar.
También se exige que las promociones sean accesibles y cuenten con una calificación energética mínima A, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable. Asimismo, las bases fijan en 36 meses el plazo para que las obras estén finalizadas desde la fecha de la notificación de la concesión de la ayuda, aunque se podrá extender a 38 meses cuando se trate de proyectos de más de 50 unidades.
No obstante, en los supuestos en que la concesión de la licencia municipal, o autorización administrativa se demore y no sea concedida en el plazo de doce meses desde su solicitud, los plazos podrán incrementarse hasta doce meses como máximo.
Eso sí, las viviendas solo podrán ser alquiladas o cedidas en uso a personas cuyas rentas anuales no superen 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento o de cesión.
Asimismo, Vivienda establece que el precio del alquiler o de la cesión en uso de los inmuebles no podrá superar el importe de 7,50 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil, incluida la parte proporcional de los espacios comunes y de interrelación. Sin embargo, y dada la coyuntura actual, recoge que este precio umbral será actualizado anualmente conforme al IPC.
Dado que se trata de una convocatoria por concurrencia competitiva, los criterios de valoración darán la mayor puntuación a los proyectos que se ubiquen en municipios de necesidad de vivienda y emergencia habitacional, las conocidas como zonas ANHA; en enclaves con riesgo de despoblación; la accesibilidad; que haya un porcentaje de vivienda de protección pública (VPO); así como también se valorará la perspectiva de género y que sea un proyecto innovador.
