Foto: KIKE TABERNER¿Es posible que un gestor público, autoridad pública o político ejerza su potestad ejecutiva y/o iniciativa legislativa prescindiendo de la ideología? La respuesta parece obvia. Por lo tanto, imagínense lo absurdo que pueda llegar a ser que un alta cargo actual de la administración de la Generalitat se enorgullezca de impulsar políticas "sin ideología".
Aunque tampoco debemos ser ingenuos, este postulado ya nos resulta familiar, no es nada novedoso, podemos entender a qué se refieren cuando proclaman sus medidas "sin ideología". Sus manidos postulados se basan en la eliminación de la perspectiva pública en la regularización de cuestiones económicas, sociales y medioambientales. Dicho de otra manera, defienden que las lógicas del mercado, los intereses privativos, vuelven a ocupar el centro de las relaciones. La acción pública vuelve a pasar a un segundo plano.
La política de vivienda es el mejor ejemplo de este paradigma. Podemos afirmar que durante las últimas décadas en nuestro territorio se han ido desarrollando políticas de vivienda "sin ideología". Los gestores públicos concibieron la vivienda como un bien de mercado. La provisión de vivienda privada y protegida se cedió en su gran mayoría al mercado.
De este modo, encontramos varias fases que fueron consolidando la privatización de la vivienda. Un procesó ampliamente consensuado por gran parte de las instituciones. Se sumaron gobiernos de casi todos los colores recogidos en la carta de Pantone.
El poder público fue el responsable de cimentar este modelo con múltiples políticas realizadas en diversos contextos. Pudiendo hacer una mención concreta a la subvención pública, por diferentes vías, de la construcción de vivienda de protección pública en régimen de venta; la liberalización del uso del suelo para fines especulativos; amplio apoyo público a los mecanismos de financiación privada para el acceso a la vivienda; la entrega dinero público a las grandes entidades financieras para sanear sus activos tóxicos, sin ninguna contraprestación inmobiliaria directa; la llegada de fondos de inversión más conocidos como "fondos buitres", los cuales han acumulado un poder inmobiliario casi omnímodo gracias a la laxitud de nuestra regulación. Los autores José Manuel Naredo y Antonio Montiel resumen muy bien en su libro El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano la implantación del modelo urbano/residencial especulativo.
Asimismo, las consecuencias son bien conocidas a escala social, económica y medioambiental. Siguen muy presente en la actualidad. Unas dinámicas de las que se consiguió iniciar su reversión con la llegada del Botànic. Concretamente, el segundo gobierno del Botànic inició una labor pública que tenía como objetivo por instaurar un nuevo paradigma del hábitat. Atendiendo a la lógica de los dirigentes actuales, la ideología volvió a estar presente en las políticas de vivienda. El bien común, los derechos de la mayoría ocupaban la centralidad de la regulación de las relaciones de la vivienda con la ciudadanía, con el mercado y, por último, con el medio ambiente.
Las políticas emanadas de estos posicionamientos siempre buscaron el mayor consenso con el resto de los actores públicos y privados que participaban en las políticas públicas de vivienda de la Generalitat, para conseguir el éxito de estas. Algunas de las medidas que fueron parte de este proceso en búsqueda de un nuevo acuerdo ahora están en un proceso de reversión por parte del actual Gobierno del Partido Popular y Vox . Centrémonos en dos: el reglamento de vivienda de protección pública (VPP) y el decreto ley de tanteo y retracto (TYR).
Respecto al reglamento de VPP, este fue elaborado en un proceso participativo extenso, en el que estuvieron presentes la Federación de Promotoras de la Comunidad Valenciana (Feprova), la Federación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (Fecovi) y la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), sumando a los técnicos de la Conselleria de Vivienda y de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHa), así como otros expertos, todo ello en la sede del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), del cual también participaron activamente sus técnicos.
El objetivo del nuevo reglamento era claro, actualizar una norma desfasada, la normativa estaba dispersa en reglamentos del 2007,2009 y 2013, vital para el desarrollo de las políticas públicas de vivienda. El resultado fue un texto consensuado, aprobándose en el último Consell del gobierno, antes de entrar en funciones. En el decreto se plasma una regulación novedosa dirigida a actualizar los precios del módulo, así como, mecanismos para poder variar el precio atendiendo a nueva subidas o bajadas del coste de construcción, pero también, a garantizar que la vivienda de protección pública cumpla con su cometido, ser una vivienda alejada de las lógicas especulativas del mercado, y, de este modo, atender a la necesidad habitacional existente.
Se introdujo la imposibilidad de especular con la VPP, el derecho de la administración a reservar parte de las vivienda de las promociones privadas protegidas en régimen de venta para destinarla a vivienda pública. Añadiendo, entre otras, la calificación permanente no revisable de las viviendas clasificadas como protegidas, una medida básica si se quiere evitar el ciclo especulativa de la vivienda protegida, que hoy en día sufrimos.
Otra de las medidas a destacar es el tanteo y retracto de vivienda. Tras la aprobación Decreto Ley 6/2020, recurrido por el Partido Popular sin ningún éxito, la Generalitat pasó de tener un ritmo de 0 vivienda adquiridas por cada legislatura a alrededor de 1.500 en la 2019-2023. Inmuebles comprados en diferentes puntos del territorio, a precios muy económicos, algunas de ellas incluso por un euro, consiguiendo ampliar a un ritmo sin precedentes el parque público de la Generalitat.
Por lo tanto, atendiendo a los anuncios de modificaciones de estas políticas ¿qué modelo está presente en las propuestas del actual equipo de vivienda de la Generalitat cuando defienden cambiar un reglamento recientemente aprobado? ¿Quieren poner fin a la compra de vivienda a través del tanteo y retracto?
Las respuestas a estas preguntas las encontraremos pronto. Si van encaminadas al regreso del modelo privativo habitacional, será un gran error. No podemos retroceder. Para revertir la crisis de acceso a la vivienda actual se debe acelerar la ampliación del parque público de viviendas protegidas en régimen de alquiler, intervenir el mercado para evitar la especulación abusiva, sancionar los usos impropios de la vivienda y estimular a las empresas a que participen del proceso. En definitiva, seguir apostando por un nuevo paradigma del hábitat. Las herramientas financieras y normativas están disponibles, ahora solo falta voluntad política.
