VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda lanzaba en septiembre del pasado año la segunda convocatoria del concurso de compra directa de inmuebles a particulares. Un plan con el que el departamento, que dirige Rubén Martínez Dalmau, persigue ampliar el insuficiente parque público de viviendas de la Generalitat y destinarlas al alquiler asequible. No obstante, estas adquisiciones se hacen con precio tasado por la Generalitat y muchas de las ofertas que se han presentado exceden la media fijada. Una situación que ha obligado a ampliar los plazos para que Vivienda presente una contraoferta con el fin de poder engrosar su cartera de activos.
Así lo recoge una resolución publicada este jueves en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en la que se explica que el informe de valoración de las viviendas ofrecidas en el concurso, realizado por la Agencia Tributaria Valenciana, refleja que "un alto porcentaje de las ofertas realizadas exceden el valor de tasación de las viviendas efectuado por la Administración".
La Generalitat estableció que los precios no podían superar el máximo de la vivienda protegida, en función del módulo correspondiente y su ubicación, y fijó en unos 85.000 euros la media. Pero, además, estableció que solo aceptaría aquellos inmuebles ubicados en los 234 municipios valencianos en los que existe mayor necesidad y demanda de vivienda con fines sociales.
El plazo vencía este mes de julio y, para poder superar la adquisición de 80 viviendas que se marcó este departamento, se ha acordado ampliar el periodo de tiempo durante tres meses más para poder presentar contraofertas a los particulares cuyos precios han sido considerados elevados por la Administración. "Una vez recibidos los informes técnicos pertinentes, en el que se habrá comprobado el cumplimiento de los requisitos de las viviendas, la valoración de los criterios de adjudicación, la tasación pericial efectuada y todos aquellos aspectos necesarios para baremar cada oferta, la mesa analizará las ofertas económicas pudiendo realizar, en su caso, una contraoferta al vendedor", explica la resolución.
Esta posibilidad de revaluar las ofertas también persigue conseguir el mayor número de inmuebles y evitar los flojos números de la primera convocatoria. Ese primer concurso, lanzado por la entonces consellera María José Salvador, suscitó bastante interés con una oferta total de 280 viviendas, pero finalmente se cerró con la adquisición de 41 inmuebles. El objetivo ahora es duplicar la cifra para lo que se ha destinado 6,2 millones de euros. Por tanto, en estos tres próximos meses se renegociará con los propietarios para llegar a un acuerdo y sumar más pisos al parque público.
Según los datos de Vivienda, hasta el momento se han recibido 123 propuestas, tanto de particulares como de grandes tenedores, en diferentes puntos de la geografía valenciana. No obstante, muchas de ellas deben de renegociarse porque sus precios superan los establecidos por la Administración, de ahí esa ampliación de plazo.
Sin embargo, fuentes de la Conselleria aseguran que ya hay un importante paquete cerrado por un importe cercano a los 2 millones de euros.Por tanto, en caso de que se superara ese presupuesto total de 6,2 millones de euros, Vivienda haría una modificación de crédito para comprar todas aquellas viviendas que reúnan los requisitos. "Al final el objetivo es tener más vivienda pública", señalan desde la Conselleria.
Cabe recordar que en esta segunda convocatoria se habían flexibilizado los requisitos que debían reunir los inmuebles. Como novedad, se admitían viviendas gravados con derecho real de garantía como la hipoteca, aunque con el compromiso del propietario de cancelación con carácter previo o simultáneo a la suscripción de la correspondiente escritura pública de compraventa.
También, viviendas en construcción o que necesiten rehabilitación o reparaciones para conseguir las condiciones de accesibilidad y habitabilidad exigidas, siempre que la propiedad se comprometa a ejecutar a su cargo la adecuación necesaria antes de la formalización de la compraventa.
Otra de los cambios respecto la primera convocatoria, era la inclusión de las viviendas unifamiliares situadas en el centro urbano de municipios con población inferior a 10.000 habitantes ya que en el primer concurso solo se aceptaban pisos. Eso sí, las viviendas no podrán superar los 50 años de antigüedad.
