Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València es propietario de 151 viviendas en el barrio del Cabanyal que no han podido salir al mercado del alquiler social por presentar un estado avanzado de deterioro que las hace inhabitables. Se trata, mayoritariamente, de un paquete de inmuebles que adquirió el consistorio durante la última etapa del Partido Popular encabezado por Rita Barberà, con la intención de derruir los edificios y de este modo ampliar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
Sin embargo, este proyecto jamás llegó a salir adelante. Y es que, el nuevo gobierno liderado por el PSPV y Compromís -junto con Podem en la legislatura del año 2015- desechó la idea y se puso a trabajar en un programa de recuperación para el barrio, el ahora conocido como Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar.
De este modo, las viviendas nunca fueron eliminadas y por lo tanto se mantuvieron dentro de la cartera del Ayuntamiento, quien ahora podría darles uso para potenciar el perfil residencial del barrio que se contempla dentro del plan. Esto es, por ejemplo, dedicarlas a vivienda social para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables del entorno. Sin embargo, por el momento, eso no será posible debido al estado en el que se encuentran muchas de ellas.
Una situación que poco a poco el consistorio ha intentado revertir aprovechando líneas de financiación para proceder a la rehabilitación de sus activos en el Cabanyal. Por ejemplo, el último programa de regeneración urbana ARRU por el que se potenció la recuperación de 29 inmuebles municipales. Aun así, todavía queda una amplia bolsa por abordar.
Del mismo modo, y según ha podido saber el Partido Popular en respuestas del equipo de gobierno a sus preguntas, hay otras 12 viviendas repartidas por toda la ciudad de València que tampoco pueden ser utilizadas por el desgaste que presentan ya sea en su estructura o fisionomía. Esto eleva el total de inmuebles públicos en desuso hasta los 163. Asimismo, también se han detectado tres viviendas declaradas en estado de ruina, todas ellas pertenecientes al mismo edificio.
Según la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, el número de viviendas que todavía están pendientes de rehabilitar "deja de lado a las familias más vulnerables de la ciudad". En este sentido, ha recordado que la demanda de vivienda social se ha incrementado sustancialmente en València en lo que va de año.
Concretamente, la cifra subió durante 2021 en un 25%: desde enero hasta septiembre, 531 personas pidieron una vivienda de especial protección para colectivos vulnerables, lo que engrosó la cifra total de personas en lista de espera hasta las 2.102. Según los datos que maneja la concejalía de Vivienda que dirige Isa Lozano, actualmente el Ayuntamiento atiende bajo este régimen a alrededor de 150 familias.
