VALÈNCIA. (VP/EP). Un terremoto de hasta 6,8 grados de magnitud. Este es el riesgo más extremo que podría correr la costa valenciana en caso de que se reanudara la inyección de gas en el almacén Castor, operaciones que fueron paralizadas en septiembre de 2013 por los terremotos que se produjeron en la zona de Vinaròs.
Así lo concluye un estudio encargado por el Gobierno de España al Instituto Tecnológico de Masaachussets (MIT) y a la Universidad de Harvard. El análisis, realizado durante 18 meses, ha concluido que las operaciones de inyección de gas durante el verano de 2013 en el almacén de gas de Castor provocaron terremotos en una zona activa de la falla de Amposta que han generado su desestabilización, de modo que si se vuelve a introducir gas, podría volver a aumentar la actividad sísmica en la zona de manera "incluso mayor".
Al trascender el contenido de este estudio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido no volver a reabrir el almacén de gas Castor. Además, una vez analizado el informe encargará estudios de ingeniería y, posteriormente, de viabilidad económica, para acometer su desmantelamiento en el futuro.
Entre las conclusiones del informe los profesores Rubén Juanes (MIT) y John H. Shaw, de la Universidad de Harvard, destacaron que hay un "riesgo elevado" de que vuelva a aumentar la actividad sísmica en caso de reanudar las operaciones de gas en el almacenamiento de Castor, porque la sismicidad ocurrida ha acercado varios elementos de la falla de Amposta a ser "menos estable de lo que era originalmente".
Sin embargo, los responsables del informe también concluyeron que con los estándares exigidos a la industria en el momento de acometer aquellas operaciones "difícilmente" habría podido predecir el aumento de la actividad sísmica", al tiempo que reclamaron que en el futuro se realicen este tipo de estudios que integran la geología, la geofísica y la geomecánica.
Juanes señaló que la sismicidad ocurrida acercó varios elementos de la falla de Amposta a ser "menos estable" de lo que era antes de las operaciones de inyección de gas por lo que han llegado a la conclusión de que este sistema de fallas ha sido desestabilizada por los terremotos.
"Puede haber más probabilidad de un terremoto en el futuro tras (las operaciones de) Castor en la zona de una magnitud superior, de hasta 6,8", advirtió Juanes, que posteriormente indicó que, en todo caso, la actividad sísmica actual en la zona ha vuelto a las mismas tasas anteriores a septiembre de 2013.
A nivel técnico, Juanes precisó que la inyección de gas provocó una desestabilización de la falla de Amposta y de las ramificaciones que ahora se ha descubierto que están activas "en el bloque colgante de la falla".
Así, apuntó que una tasa de inyección menor provoca una tasa de desetabilización menor y que tras analizar el ciclo completo de inyección de gas y recuperación han advertido de que la desestabilización sísmica sería "mayor a la que se provocó en el mes de septiembre, en el orden de un factor de dos".
Por su parte, el profesor de la Universidad de Harvard John H. Shaw fue más contundente al afirmar que reanudar las operaciones "agravaría el estrés de la falla" y que "habría riesgo elevado" porque se desestabilizó por las inyecciones de gas, independientemente del volumen de inyección, la tasa de inyección o el volumen del pozo.
Juanes defendió que este estudio realizado post mortem, a partir de un encargo del Gobierno exigido a través del Real decreto Ley de 2014 integra "nuevos paradigmas" al integrar la sismología estructural, la geología y la geomecánica y pidió nuevos estándares a la hora de evaluar los riesgos sísmicos en antes de operaciones de este tipo, sobre todo en áreas tecntónicamente activas.
Una vez conocidas las conclusiones y recomendaciones del estudio en el que han participado siete investigadores de ambas instituciones académicas, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, subrayó que el documento confirma que la decisión del Gobierno en 2013 de paralizar la actividad fue acertada de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente.
En cuanto al posible dolo o negligencia de la empresa de Castor Escal-UGS, controlada por ACS, señaló que el Gobierno remitirá este estudio a los juzgados que dirimen esta cuestión para que analicen "con cautela" las conclusiones que son "muy contundentes". La empresa cobró del Estado 1.350 millones de euros de indemnización al paralizarse la actividad debido a los seísmos.
Navia afirmó que "es muy difícil definir un estándar de operatividad del almacén que permita reanudarlo con seguridad, por lo que "no hay ningún elemento en este informe" que lleve a replantearse la reapertura de Castor que "va a seguir hibernando".
El siguiente paso, según dijo, será encargar un estudio de ingeniería y posteriormente de viabilidad económica de cara a desmantelar la instalación de modo con la prioridad puesta en la seguridad de las personas y del medio ambiente.
