VALÈNCIA. Han pasado ocho días desde que la Comunitat Valenciana, y en particular la provincia de Valencia, vivió uno de los peores capítulos de su historia más reciente: una Dana descomunal dejó a su paso municipios completamente devastados (carreteras derrumbadas y vías de tren intransitables por las que las administraciones han debido activar alternativas al transporte público), 211 víctimas mortales por el momento y 89 personas desaparecidas que los equipos de emergencias siguen buscando sin descanso.
El escenario que ha dejado es dantesco y desde entonces el Gobierno central y la Generalitat Valenciana se han estado echando los trastos a la cabeza por ver quién ha sido más culpable de no haber prevenido a la población de que todo esto podía ocurrir. Los primeros días, se cuestionó especialmente la gestión realizada por el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón. En especial, por lo que respecta al manejo de las alertas, que llegaron cuando ya era demasiado tarde en la mayoría de casos.
El ejecutivo autonómico, sin embargo, ha tratado desde entonces de quitarse de la diana, de zafarse de cualquier responsabilidad y tirar el balón al tejado del gobierno de Pedro Sánchez. En un primer momento, advirtió que el envío de las alertas del CECOPI responden a "actos protocolizados y estandarizados"y que coordina la Dirección General de Protección Civil del Gobierno de España". Una afirmación que obligó al Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska a emitir a primera hora del jueves una nota donde señalaban que las competencias en la gestión de las alertas a la población en situaciones como la dana es competencia de los gobiernos autonómicos.
A esto le siguió la polémica por solicitar o no a tiempo la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en toda la provincia de Valencia. Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se solicitó tarde, a las 20.36 horas cuando numerosas carreteras se encontraban ya anegadas y colapsadas por vehículos varados y amontonados. El Consell, sin embargo, defiende que la solicitó antes, a las 15.00 de la tarde. Versión que no obstante desmienten desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que asegura que esta petición se hizo exclusivamente para la comarca de Requena-Utiel, que se había visto afectada a las 13.00 horas.
Una lucha de versiones y pulsos políticos que ha culminado -por ahora- en el anuncio de ayudas económicas tanto por parte del Ejecutivo central como del gobierno autonómico, pero que ha provocado también todo tipo de reacciones de los partidos que se encuentran en la oposición. También de Vox, exsocios de Mazón en el Consell que gestionaron, además, la cartera ahora mismo más cuestionada: la Conselleria de Interior que dirige Salomé Pradas.
Para Vox, la versión del asunto está clara: "el culpable de todo es Pedro Sánchez", aseguró el martes su portavoz en Les Corts, José María Llanos, desde que ocurriera la tragedia. Si bien reconocen que Mazón "ha tenido también fallos", han pedido su comparecencia y registrado una comisión de investigación sobre la gestión realizada por el Consell en esta catástrofe, han centrado más sus envites en la gestión realizada por el Ejecutivo central y en las competencias que este tiene atribuidas.
"Desde Vox pedimos que haya transparencia. El Consell tiene que dar diariamente explicaciones de cuál es la situación con datos oficiales", expuso Llanos este martes en la rueda de prensa tras la junta de síndics en Les Corts. "Hay muchas responsabilidades que se habrán de depurar, pero hay un solo culpable y es el señor Pedro Sánchez, que está mintiendo y traicionando a toda la nación y a los valencianos. No ha querido decretar el estado de emergencia nacional nivel 3 para el que está facultado. Dice que si quieren ayuda, que la pidan", censuró el síndic.
En esta misma línea, el líder de Vox Santiago Abascal anunció que su partido volvería a presentar una querella contra el presidente Sánchez, que harán extensiva a otros miembros del Gobierno, por los efectos de la dana en la Comunitat Valenciana. Culpó al jefe del ejecutivo de no haber tomado las riendas de la situación desde el principio para evitar el alto grado de daños humanos producidos -211 muertos por el momento solo en Valencia y 89 desaparecidos, entre los que se encuentran 62 personas todavía no identificadas-. También le reprochó no haber declarado el nivel 3 de emergencia por "interés nacional", algo que este lunes también reclamó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El hecho de culpabilizar a Sánchez, pero dejar en entredicho la responsabilidad o no que haya tenido el Gobierno de Carlos Mazón, pone negro sobre blanco cuál es el punto de partida de Vox en este pulso político que se está produciendo a nivel estatal. Una posición especialmente arriesgada si finalmente todo acabara judicializado y algún tribunal acabara señalando algún fallo en la gestión autonómica.