Mazón (PP) y Llanos (Vox) se saludan este miércoles. Foto: EP/Jorge GilVALÈNCIA. El buen tono empleado por el portavoz de Vox, José María Llanos, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la sesión inicial del Debate de Política General del pasado miércoles no oculta las diferencias entre ambas formaciones políticas, que hasta el pasado mes de julio compartieron como socios bien avenidos el Gobierno valenciano.
Lo cortés no quita lo valiente. Las propuestas de resolución registradas por el partido liderado por Santiago Abascal en Les Corts ponen de manifiesto que existe un obstáculo nada desdeñable para futuros acuerdos con el PP: las políticas de migración. De hecho, cabe recordar que ese fue el detonante -los populares siempre lo vieron una mera excusa- para que el presidente de Vox anunciara la ruptura de los cinco ejecutivos autonómicos que conformaba con el partido de la gaviota antes del verano, lo que dejó al PP en estos gobiernos, entre los que se encuentra el valenciano, en minoría.
Ahora, en el debate que concluirá este viernes podrá apreciarse cuál es el nivel de sintonía real entre ambas formaciones. Mazón, que se deshizo en elogios a la convivencia mantenida con Vox en el año de gobierno que compartieron, trató de buscar acercamientos durante la sesión parlamentaria del miércoles. El objetivo, tender puentes para lograr el apoyo de esta fuerza política de cara a la aprobación de los presupuestos de 2025 que serán presentados en octubre.
Así, el presidente de la Generalitat se centró en su intervención en asumir o al menos dejar la puerta abierta a distintas propuestas realizadas por Llanos. No obstante, en el texto de 25 páginas presentado por Vox de propuestas de resolución del debate, existen un buen número de cuestiones que difícilmente pueden ser engullidas por el PP. Y la gran mayoría, de nuevo en materia de migración.
Es más, el propio síndic de Vox, José María Llanos, hacía hincapié en esta cuestión este viernes: "Vamos a aumentar esa lucha en defensa de lo nuestro y desde luego la inmigración ilegal indiscriminada, irregular, es una de nuestras condiciones sine qua non para cualquier negociación". Un mensaje que pone de manifiesto que los de Abascal pretenden mantener una posición dura en este asunto, lo que podría conllevar a una situación de desacuerdo en los futuros presupuestos aunque Mazón se avenga a pactar sobre otras cuestiones. Una circunstancia que puede dejar al presidente de la Generalitat en una situación de cierta debilidad si entra en la negociación, dado que podría darse la circunstancia de acordar, no sin esfuerzo, otras propuestas delicadas para luego naufragar a causa de la migración. Un veredicto que, como es de todos sabido, se producirá en Vox desde Madrid.
Así, en las propuestas de resolución presentadas existe un apartado específico destinado a la migración, con 10 directrices para el Gobierno valenciano y 15 como reivindicación al ejecutivo central.
Destacan impedir que barcos de ONG "que colaboren con el tráfico ilegal de personas y/o con la inmigración ilegal atraquen en puertos de titularidad autonómica" o la eliminación de "cualquier subvención" a asociaciones u ONG que "promuevan ilegal y el tráfico de personas". Impedir ayudas, derogar la estrategia valenciana de migraciones 2021-2026 del Botànic, derogar la Ley 15/2008 de integración de personas inmigrantes (aprobada por el PP); "prioridad nacional en la concesión de ayudas" o "suprimir todo beneficio o ayuda social a los inmigrantes ilegales".
Unas propuestas que, en lo que se refiere al Gobierno de España, también parecen quedar en buenas parte fuera de los planteamientos del PP.
Bloqueo naval, endurecer penas, eliminar subvenciones, suprimir ayudas, repatriar menas a sus países, expulsión de inmigrantes legales que cometan delitos graves o reiterados, destinar las ayudas a devolver a los migrantes a su país de origen o llevarlos a Bruselas "donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada" o impulsar una consulta donde se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en la Comunitat, son algunas de las medidas.
Unas propuestas que contrastan de forma notable con lo plasmado negro sobre blanco desde el PP en este mismo debate, quien apenas dedica un párrafo concreto a este tema: "Responsabilizarse de la política de migración, una política que debe ser realista, que coordine, planifique y que trabaje en origen para dar respuesta a la crisis migratoria actual". Por tanto, si tal y como apuntaba el portavoz de Vox este jueves es una "condición" para su formación, se antoja una dura tarea para Mazón el acercamiento, ya no para las resoluciones de este Debate de Política General, sino también para un acuerdo sobre los presupuestos, dado que las fuentes populares consultadas por este diario ya ponían distancia ayer sobre estas propuestas de Vox en migración.
Aparte de la migración, el partido de Abascal propone otra serie de medidas que, en muchos casos, sí podrían encontrar cierta acogida por parte del PP de Mazón, tal y como expresó el presidente de la Generalitat en el debate del miércoles.
En materia de vivienda, instan a agravar las penas por okupación y a reforzar los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluyendo el desalojo de los ocupantes. Además, apuestan por liberar viviendas okupadas sin título del parque público y ponerlas a disposición de los solicitantes de vivienda de propiedad pública, así como por crear una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de "todas las víctimas" frente a la okupación ilegal.
Además, Vox solicita al Consell un plan de choque para la rehabilitación de viviendas de titularidad pública "a fin de recuperar su estado de habitabilidad y ponerlas a disposición de los solicitantes". También pide incentivar la promoción de nuevas viviendas de protección pública y "seguir trabajando para la disminución de la presión fiscal existente en un bien de primera necesidad como la vivienda". En este ámbito, invita a promover la simplificación, digitalización y mejora de los trámites en la obtención de licencias para "estimular la construcción", así como a fomentar la colaboración entre administración y entidades privadas. Igualmente, emplaza a reducir los costes de producción y los de las cargas administrativas para producir nueva vivienda a precios accesibles. Para reforzar la oferta de residencias públicas, este grupo pide que se inste a administración autonómica a fomentar la ampliación del parque público de vivienda para que estos inmuebles sean puestos a disposición de los demandantes.
En materia de seguridad, emplaza al Gobierno a actuar "ante el considerable aumento de la criminalidad en la Comunidad Valenciana", con más efectivos contra el tráfico de drogas, así como a "garantizar toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores".
En sanidad, urge a aprobar planes estatales de salud mental y prevención del suicidio, a implementar el historial clínico y la tarjeta sanitaria única y a exigir al Gobierno el pago derivado del gasto en la atención a pacientes desplazados y extranjeros. En servicios sociales, insta a avanzar en corresponsabilidad familiar y teletrabajo, con más oferta horaria de actividades extraescolares y guardería, y exige al Gobierno que cumpla con el pago del 50% del sistema de dependencia.
En medio ambiente, pide reconocer la energía nuclear como "una fuente imprescindible" y prolongar la vida útil de centrales como la de Cofrentes y estudiar la implantación de nuevas. Además, solicita un plan estatal de agua y otro de soberanía energética para "no depender de potencias extranjeras", suprimir la tasa a las grandes superficies comerciales y revisar los impuestos 'verdes'.
Paralelamente, exige "impedir la anexión por Catalunya" de los pescadores en la zona limítrofe con la Comunitat, además de promover la caza, denunciar las "consecuencias negativas" del Pacto Verde Europeo o revisar los acuerdos comerciales de la UE con terceros países. Otra de sus propuestas pasa por instar al Gobierno a recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia "cancelado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun".
En clave económica, Vox insta al Consell a "estudiar, en la medida de lo posible, la posibilidad de establecer una bonificación del 100% de la cuota tributaria del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno".
Del mismo modo, invita a "estudiar, en la medida de lo posible, la posibilidad de reducir el tipo general del 1,5% al 0,5% del AJD para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y favorecer de esta manera la actividad inmobiliaria, ayudando a reducir así los precios finales de la compra de viviendas y reactivando la actividad económica" de un sector que considera "locomotora económica".
Asimismo, propone estudiar la posibilidad de establecer una bonificación del ITP en cuota del 100% para compra de vivienda habitual, cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros, para familias numerosas y personas con discapacidad.
Por otro lado, en infraestructuras, Vox emplaza a garantizar el "soterramiento urgente" de las vías ferroviarias en las localidades valencianas de Alfafar, Sedaví y Benetússer. También "fomentar una movilidad urbana integradora que no discrimine a las clases medias y trabajadoras".
Otras de sus propuestas son que Aena planifique las ampliaciones de los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche y eliminar los peajes en la AP-7 y prolongarla hasta el límite con Catalunya.
