Pepe Gosálbez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los sueldos de los concejales con dedicación parcial en el Ayuntamiento de València se mantendrán como están pese al criterio jurídico esgrimido por la Agencia Valenciana Antifraude, que pedía hacerlos más proporcionales, o lo que es lo mismo: rebajarlos. Mientras que Compromís, el PSPV y el PP defienden que esos salarios se mantengan, Vox ha presentado una moción al pleno municipal para exigir que se adecúen al criterio de Antifraude.
Así pues, la propuesta registrada por el portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, y que deberá votarse en el pleno del Ayuntamiento, insta al consistorio a que "de manera inmediata" restablezca el régimen retributivo de los ocho concejales del Ayuntamiento que tienen la dedicación parcial y que pertenecen a la oposición -4 del PP, 3 de Cs y 1 de Vox, el propio Gosálbez-.
Vox, en el único texto presentado por la oposición del Ayuntamiento al respecto, reclama que esos sueldos "se ajusten a la dedicación que los concejales tienen asignada respecto a sus funciones", o lo que es lo mismo, que se acepte la recomendación que hace Antifraude en su último informe de investigación acerca del sistema retributivo de los concejales aprobado por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de València mantiene con Antifraude una disputa jurídica sobre las retribuciones de los ediles con dedicación parcial del consistorio, que este mandato, desde 2019, recaen en la oposición exclusivamente. A ellos se les concedió una dedicación parcial del 75%, y como la normativa establece que deben cobrar en función del "tiempo de dedicación efectiva", les corresponde el 75% del salario total. La discrepancia jurídica emerge al decidir sobre el total respecto al cual calcular esa proporción.
Por un lado, la Agencia Valenciana Antifraude que dirige Joan Llinares cree que ese 75% salarial ha de calcularse respecto al sueldo de un concejal raso con dedicación exclusiva. Una interpretación de la normativa que sustenta tanto el Ministerio de Hacienda como el Consell Jurídic Consultiu valenciano. Sin embargo, el Ayuntamiento aplicó esa proporción respecto al salario del alcalde, Joan Ribó, que es notablemente superior al de un concejal.
Por ese motivo, estos ocho concejales en cuestión están cobrando un sueldo anual bruto -63.500 euros- mayor que si se empleara el sistema planteado por el resto de organismos -51.100 euros-. Una situación que Antifraude pidió corregir aduciendo que el consistorio estaba incumpliendo el criterio de proporcionalidad con estas retribuciones. Ciertamente, la ley en cuestión, la Reguladora de Bases de Régimen Local, no especifica el criterio adecuado y el sistema retributivo aprobado por el Ayuntamiento cuenta con el visto bueno del secretario municipal.
Así pues, la pasada semana, tanto el gobierno municipal -Compromís y PSPV- como el Partido Popular que dirige María José Català en el Cap i Casal dieron luz verde a un acuerdo en la comisión de Personal en la que validaban los acuerdos en base a la legalidad refrendada por el secretario municipal. Ciudadanos se abstuvo y Vox votó en contra. Ahora, el portavoz de este último presenta en el pleno una moción en la misma senda para revertir la decisión consistorial, algo que afectaría también al propio Gosálbez.
Aunque todo esto es referido al sistema retributivo vigente desde 2019, la polémica en torno a los sueldos de los concejales del Ayuntamiento de València, en realidad, parte del que estuvo en funcionamiento entre 2015 y 2019, cuando además de Compromís y PSPV, formaba parte del gobierno municipal València en Comú.
Entonces, para no perjudicar a la oposición, el ejecutivo local adjudicó las dedicaciones parciales del 75% a ocho concejales del gobierno municipal, en cumplimiento de la 'Ley Montoro'. Pero en aquel caso, a estos ediles se les aplicó un complemento salarial no contemplado en ninguna normativa que, a la postre, les hacía cobrar como si tuvieran adjudicada la dedicación exclusiva.
Así pues, durante los cuatro años del pasado mandato, todos los concejales del Ayuntamiento cobraron el 100% del salario, que era lo que quería evitar la mencionada regulación. En total, con esta argucia jurídica, se pagaron de más 772.000 euros en total durante los cuatro años a ocho ediles pertenecientes a los tres partidos del gobierno -Compromís, PSPV y València en Comú-. Ya han adelantado que no piensan devolver el dinero al considerar esta treta dentro de la legalidad.
Este es el origen de la investigación que ha estado llevando la Agencia Valenciana Antifraude. Pero el organismo que dirige Joan Llinares no ha reclamado, con todo, la devolución de este dinero. En su informe definitivo de investigación sí instaba al consistorio a que recabara el informe jurídico del secretario cuando se fijasen los sueldos y que se establezcan claramente las responsabilidades de cada cargo. Ambas cuestiones que el Ayuntamiento sí acepta.
