Javier Lambán, presidente de Aragón; Ximo Puig, presidente de la Generalitat y José Luis Ábalos, ministro de Fomento. Foto: EFEVALÈNCIA. La reivindicada, especialmente por el Gobierno valenciano, reforma del sistema de financiación todavía no ha empezado a negociarse y ya vuelve a causar problemas entre Comunidades Autónomas (CCAA) que incluso están lideradas por el mismo partido, en este caso el PSOE.
Esto no es nuevo. Los colores políticos se difuminan cuando llega el momento de que los líderes peleen por los respectivos intereses de las regiones a las que representan. En los últimos años, se ha podido ver con asuntos como el agua y los trasvases (enfados y cruces de declaraciones a cuenta del Tajo-Segura o del nunca realizado del Ebro), o también por el actual sistema de financiación, un modelo caducado desde 2014 y que perjudica notablemente a los valencianos en el reparto.
Una circunstancia que ha llevado a presidentes valencianos (tanto del PP como ahora del PSPV) a cruces dialécticos con jefes de gobierno de otras autonomías, especialmente en el caso de Aragón, Galicia o Castilla-La Mancha por citar algunos ejemplos. El último de ellos llegó este miércoles, con el dardo lanzado por el presidente del Ejecutivo aragonés, el socialista Javier Lambán, quien se despachó a gusto sobre una hipotética reforma del modelo cuya propuesta ni siquiera ha visto todavía la luz.
"Soy muy amigo de Ximo Puig, pero llegaré antes a un acuerdo con el presidente de Castilla y León que con el de la Comunidad Valenciana en materia de financiación autonómica", subrayó Lambán a los medios de comunicación. Unas palabras, las del líder aragonés, que van en consonancia del documento firmado en septiembre de 2018 denominado la 'Declaración de Zaragoza' junto a Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha. Un acuerdo más allá de los signos políticos, puesto que en el mismo figuran comunidades bajo el dominio del PP tanto en aquel momento como en la actualidad, como es el caso de Galicia o Castilla y León y que, según el propio Lambán, "de entrada no coincide en absoluto con el de las comunidades más pobladas", como por ejemplo la Comunitat Valenciana.
Una posición de regiones que representan a la España vaciada, con dificultades para ofrecer servicios por el envejecimiento o la dispersión territorial, que choca con el enfoque de otras cuyo problema reside en albergar demasiados habitantes para poder absorber la prestación de servicios básicos sino existe un aumento de los recursos por parte del Estado.
Pero la pelea irá más allá del contenido y también se centrará en la forma, tal y como deslizó Lambán este miércoles al no aceptar "en ningún caso" que el Ejecutivo central pueda firmar un acuerdo "bilateral" relativo a la financiación autonómica "con ninguna comunidad" -ya sea la valenciana o Cataluña-. En esta línea, el presidente de Aragón instó a retomar "de manera inmediata" el debate "multilateral" y que este se produzca en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que participan todas las CCAA. Un órgano que, por cierto, lleva sin reunirse desde agosto de 2018.
Así pues, una reacción la de Lambán que evidencia la complejidad de abordar la mencionada reforma. Una remodelación a la que el socialista Pedro Sánchez se ha comprometido en esta legislatura según el acuerdo alcanzado con Compromís: es más, se supone que en sus primeros ocho meses de mandato debe poner sobre la mesa la primera propuesta de reforma. Tal vez por eso, los barones autonómicos empiezan ya a avisar y fortificar sus posiciones.
