Ximo Puig: "El copago social se eliminará"

VALENCIA, (EFE/VP). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que el Gobierno valenciano eliminará el copago en el ámbito de los servicios sociales, y el instrumento legal que lo permita, ha apuntado, "no es lo importante".

Puig se ha referido así, después de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) haya considerado que la inclusión de la financiación gratuita de estas prestaciones en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2016, "infringe la legislación básica del Estado", y recomienda suprimirla de esta normativa.

El CJC recuerda, en su dictamen sobre el citado anteproyecto de ley, que el Estado es el competente para "fijar los porcentajes de aportación de los usuarios y beneficiarios de tales prestaciones, así como de las personas que están exentas de aportación".

En este sentido, advierte de que la inclusión de esta financiación en la ley de Acompañamiento generará en el colectivo de personas con discapacidad "unas expectativas que, probablemente, van a ser truncadas como consecuencia de un eventual recurso de inconstitucionalidad".

Tras reunirse con la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, Puig ha asegurado que el Consell va a cumplir su compromiso y ha trasladado "un mensaje de tranquilidad a todas las personas afectadas por un copago confiscatorio que se hizo por parte del Gobierno anterior".

"Se va a resolver esta situación por la vía de la ley de Presupuestos", ha asegurado Puig, quien ha indicado que en principio se pensó que sería "mas interesante" situarlo en la ley de Acompañamiento, aunque previamente se había pensado hacerlo a través de una ley.

En este sentido, y tras el informe del CJC, ha dicho que el instrumento legal "no es lo importante, lo importante es que los ciudadanos deben saber que va a eliminarse ese copago".

Preguntado si se va a articular por a través de subvenciones, el president ha señalado que entienden que esa es una vía "que da más seguridad" para evitar "alguna acción punitiva" por parte del Gobierno, como ha hecho con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley de universalización de la sanidad.