Y la imputada Císcar sigue siendo asesora del Consell

VALENCIA. Consuelo Císcar es asesora del Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra en materia cultural. Del conseller Vicent Marzà, si quieren. Lo es como vocal del Consell Valencià de Cultura desde 2012. Lo será hasta 2018, porque ni en el más ágil de los supuestos habrá una condena en firme -recursos mediante- que 'sirva' para cesarla del cargo antes de agotarlo. Lo será si quiere, en efecto. Si le da la gana, en concreto: asesora de cultura de los valencianos y, a su vez, imputada por malversación, prevaricación y falsedad documental como Directora Gerente del IVAM. 

Císcar es asesora en materia cultural del Gobierno del Pacte del Botànic como lo es Vicent Farnós. El que fuera subdirector de Castelló Cultural está imputado, 'salpicado' por la trama Gürtel y, con todo, es asesor externo en cultura del Consell. Porque Farnós fue imputado en enero de 2014, hace dos años, y prometió que abandonaría el CVC. ¿Y bien? Que no, que sigue. Que el emérito y nonagenario presidente Santiago Grisolía ya le dijo que bastaba con una renuncia. Y que no, que Farnós sigue defendiendo sus derechos, que son muy particulares.

Cómo hemos llegado hasta aquí

Ya vamos por el segundo caso y conviene acertar con el diagnóstico. La metástasis tiene nombre: politización de las estructuras civiles. Así se llama, por desgracia. Porque ayer, cuando el auto hecho público por el TSJCV vino a refrendar lo que los agentes culturales de la ciudad habían denunciado incansablemente durante la hegemonía de Císcar en el IVAM, el primero en buscar rédito político fue el grupo socialista en Les Corts. Su portavoz, Manuel Mata, insistió en la "necesidad" de que presente su dimisión "inmediata" del CVC. 

Rebobinemos la cinta. A cámara lenta. En el año 2012, por el sistema de connivencia política (tú votas al mío, yo voto al tuyo) Les Corts aprobó la entrada de Císcar en el CVC. Y, ay, en 2012 el PSPV no se olía la tostada del IVAM. Ni aunque críticos y artistas gritaran que su entrada era una "amenaza de desprestigio". Ni aunque desde 2011 lanzaran una campaña y se asociaran, desterrándose del museo. Capricho de vida bohemia, debieron pensar en la bancada socialista. El escrutinio para las dos plazas vacantes: Carles Santos (PSPV), 85 votos; Consuelo Císcar (PP), 74 votos. Para que no haya dudas con la aritmética: el PP poseía 55 escaños. 

Gatopardismo. ¿En qué año vivimos?

¿Qué es el Consell Valencià de Cultura? ¿De qué -nos- sirve? ¿Por qué invertimos en él? ¿Para qué? Figúrense: el CVC fiscaliza al Gobierno autonómico en materia cultural; es su cometido. Fiscaliza Císcar y fiscaliza Farnós, que por cierto dejó de ser el coordinador de programación del Auditori de Castelló y del Teatre Principal hace dos (DOS) meses. Fiscalizan con la presunción de inocencia bajo el brazo, porque con autos como el que ayer publicó el TSJCV es difícil mantener esa mirada crítica con la labor pública realizada por otros, desde luego. Imposible, vaya.

¿Qué hacemos con el CVC y sus 21 miembros? ¿Seguimos dejando que gire la rueda por este gatopardismo que nos condena como pueblo, lacerante, penoso, descorazonador? "Cambiar todo para que nada cambie", dice El Arte de la Guerra de nuestra civilización escrito por Lampedusa. Prometer una revolución, sí, pero proponer a Martín Quirós, a Pepa Frau o a Glòria Marcos para el CVC. La absurda politización de las estructuras civiles permanece intacta.

El CVC sirve como parte por el todo y toda esta historia contiene un hedor insoportable, y no me refiero sólo a que la defensa de Císcar ante Les Corts para entrar en el CVC la hiciera (respiren hondo) Rafael Blasco (dejen salir el aire lentamente). Va más allá, si esposible. Tres décadas más allá: la Ley del CVC es de 1985. A lo que se dedica, lo que es, está intacto en aquel año tan genético para quien escribe. 

Fue en 1985 cuando Ciprià Císcar (hermano de la imputada, posteriormente 25 años en las listas del PSPV al Congreso, por primera vez fuera del Congreso si no se repiten Elecciones) le propuso a Tomás Llorens (lean 'lo suyo' en el capítulo de la imputación citada acerca del Catálogo razonado Julio González) crear el IVAM. Era 1985, sí, y se les opuso el historiador Vicente Aguilera Cerni, reciente miembro del Consell Valencià de Cultura, y una asociación de artistas plásticos. Reclamaban que el IVAM tenía que ser para artistas valencianos. Fíjense si hace tiempo que hasta hubo debate y sirvió, entre otras cosas, para llegar a un acuerdo que, por ejemplo, logró que el imprescindible Pinazo entrara por la puerta grande del museo y este, a su vez, no se privara de estar conectado a las vanguardias del mundo.

Pero en lo que se ha convertido el CVC lo vimos reflejado en el preciso momento en que Consuelo Císcar entraba a formar parte de el como vocal. No por lo que acabaría sucediendo cuatro años después, por la actualidad que nos hace recuperar el tema en 2016, sino porque aquella votación sirvió para excluir a Joan Francesc Mira. Es decir, que la politización de las estructuras civiles sirvió para sostener a la misma altura al escritor, ensayista, traductor, antropólogo, helenista y profesor, al intelectual radical de la cultura más necesaria en este lugar en el que vivimos y despreciarlo frente a la candidatura del Partido Popular. 

La razón huele aún peor y no cabe ningún argumento tras este: el PP había prometido la plaza para Mira, candidato de consenso por razones biográficas y obvias, a cambio de un 'sí quiero' a sus presupuestos. Compromís dijo no a las cuentas. El PP recogió su regalo envenenado y el PSOE facilitó la decisión por la que ahora -casi- todos andan lamentándose. Así de ácida es la lluvia política del día a día, la que pesa sobre lo que acaba importando, y la dictadura económica, todo esa artillería oculta tras los informativos de las 21 horas de las principales cadenas de televisión españolas.

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Apunte: Desde que empezó a leer el artículo han pasado en torno a tres minutos y la imputada Consuelo Císcar sigue siendo vocal del Consell Valencià de Cultura.

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