¿Y si hay que pagar por el fallo de Tabacalera?: los ahorros o un préstamo para saldar el fiasco del PP

VALÈNCIA. El gobierno municipal de València sigue lidiando con las consecuencias de la fallida operación Tabacalera, impulsada por el anterior ejecutivo local del PP que lideraba Rita Barberá. La solución que había planteado la concejalía de Urbanimo, que ahora dirige Sandra Gómez, para dar carpetazo al fiasco urbanístico parece haberse ido al traste después de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y aunque Gómez ya anunciado que presentará un recurso de apelación, no existe la convicción absoluta de que vaya a servir para mucho más.

El fallo en cuestión anulaba la recalificación de dos pastillas en el barrio de Penyaroja propiedad del Ayuntamiento de València. Se cambiaba suelo dotacional y de zona verde a residencial, con el propósito de entregarle el suelo a la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) para compensarle por la deuda que el consistorio mantiene con la compañía desde que el Tribunal Supremo anuló la operación Tabacalera impulsada por el anterior gobierno.

La anulación del acuerdo de 2005 entre Igsa y el Ayuntamiento conllevó que la constructora se quedara sin construir un edificio de viviendas en la parte posterior de la Antigua Fábrica de Tabacos, por lo que tras el fallo del Supremo en 2017, la mercantil reclama al Ayuntamiento 45 millones de euros de indemnización. Gómez explicó recientemente que parte de la deuda -unos 20 millones- ya habrían sido cubiertos al regularizar dos pastillas que estaban incluidas en la operación original.

Los otros 25 millones era la cuantía que pretendía cubrir la concejalía de Urbanismo con los suelos de Penyaroja para evitar que el dinero saliera en metálico de las arcas municipales. Sin embargo, el TSJ ha anulado la manera en la que se ha hecho: el Ayuntamiento trasladaba a Penyaroja la edificabilidad no materializada detrás de Tabacalera, pero el alto tribunal indica que dicha edificabilidad fue anulada por el Supremo, por lo que no hay nada que se pueda trasladar.

Aunque en el departamento de Gómez admiten que jurídicamente se podría intentar recalificar de nuevo los mismos suelos en Penyaroja, el temor a un nuevo varapalo judicial debido a la presión vecinal -que ha batallado desde el principio para evitar perder suelo dotacional- complica que esto pueda ser una realidad. Tampoco Urbanismo está dispuesto a dar suelo en otros barrios más humildes, pues al ser allí la tasación más barata, habría que entregar mucho más terreno.

Y por eso el área de Desarrollo Urbano que dirige Gómez aboga por recurrir el fallo, sin tampoco demasiada esperanza. Quizá así se entiendan las palabras de la concejal cuando ha insistido recientemente que la sentencia del TSJ "aboca al Ayuntamiento a pagar la indemnización". Así pues, si no fructifica el recurso, el consistorio tendrá que hacer frente a un agujero de 25 millones de euros en las cuentas municipales. Un boquete de nada desdeñables dimensiones que habrá que pensar cómo sufragar -desechado el pago en especie-.

Así, fuentes del ejecutivo local aseguran que "todavía es adelantar mucho" pero el primer dinero del que se puede tirar es de los fondos de contingencia -imprevistos- que en los presupuestos municipales de este año ascienden a 18,3 millones de euros, siendo conscientes también que tal cuantía deberá servir también para otros menesteres no previstos por el consistorios.

Otra partida de la que con mayor probabilidad podría echar mano el gobierno local es la relativa a los ahorros municipales derivados de años anteriores -los llamados remanentes-, que este año son unos 139 millones de euros pero que tienen como finalidad en su mayor parte inversiones no ejecutadas. A lo que se sumaría la posibilidad de acudir al endeudamiento si hace falta para indemnizar a Igsa.

A la postre, son fórmulas que se deberían estudiar en función del resultado judicial y de los tiempos de la justicia. Lo que es innegable, señalan desde el gobierno local, es que el plan urbanístico aprobado por el gobierno del PP y tumbado por el Supremo acabará costando dinero de las arcas municipales al rechazar ahora Urbanismo también la opción de pagar con suelo en barrios con menor valor de suelo.