VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana podrá permanecer en su domicilio, eximido de acudir cada 15 días a firmar en el juzgado, mientras dure el estado de alarma. Zaplana es el principal imputado del caso Erial, que investiga las presuntas mordidas de once millones de euros recibidas por el Molt Honoratble, a raíz del supuesto amaño de dos concursos públicos, el de las ITV y el del Plan Eólico.
La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de València, Isabel Rodríguez, ha tomado la decisión a raíz de una decisión adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, pese a no haber contestado el escrito enviado por la defensa del expresidente. El CGPJ acordó suspender la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial que se impone como medida cautelar de prevención de fuga a los investigados en causas penales, si bien dio absoluta libertad a los magistrados para dictar lo contrario cuando lo consideren atendiendo a «circunstancias excepcionales».
En el caso de Eduardo Zaplana, además de la directriz del CGPJ, se ha tenido en cuenta la enfermedad que padece y que, frente al coronavirus, le hace ser una persona de riesgo, ya que hacerle salir a la calle pondría en serio riesgo su estado de salud.
El abogado del expresidente envió un escrito al juzgado en el que decía, que tras ser conocedores de la decisión del CGPJ, Zaplana dejaría de acudir a su cita quincenal debido a su estado de salud. Sin embargo, desde el juzgado no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la magistrada instructora ni a favor, ni en contra. Por lo que siguiendo lo dicho por el consejo, que dijo que salvo que el juez diga lo contrario no hay que firmar, Eduardo Zaplana está confinado en su domicilio hasta que termine el estado de alarma, según informaron a Valencia Plaza fuentes del entorno del expresidente.
En el caso Erial se investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.
Entre los imputados se encuentran, además de Zaplana, el exconseller Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Los investigados están acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Ahora, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), y los instructores, centran sus esfuerzos actuales en las cuentas abiertas por la trama en Andorra, donde se llegó a mover cerca de nueve millones de euros. De esos nueve millones, hay cerca de cinco millones ‘fantasma’, cuya procedencia, pero sobre todo destino, se desconoce, ya que mayoritariamente fueron ingresos y extracciones en efectivo.
De hecho, esa nueva línea ha reconducido el esfuerzo indagatorio hasta tal punto que ha llevado a los investigadores directos a la sentencia del caso Terra Mítica donde consta que, varios de los condenados, abrieron cuentas bancarias en el BPA de Andorra, el mismo banco donde uno de los principales testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló, abrió dos cuentas.