La ZBE en la APR de Ciutat Vella debe adaptarse a la normativa vigente antes del 29 de junio

El ejecutivo local, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá, ha recordado el "carácter transitorio y provisional" de esa ZBE "hasta que se apruebe la ordenanza definitiva" que regulará este tipo de entornos.

Desde la oposición en el consistorio, el PSPV-PSOE ha censurado las "trampas" del PP, al frente de la Concejalía de Movilidad, en esta materia.

La concejala del grupo municipal socialista María Pérez ha criticado este jueves que la ZBE "que aprobó María José Catalá "no cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica".

Pérez ha señalado que así se recoge en la respuesta que el ejecutivo de la ciudad ha dado a la pregunta que el PSPV-PSOE le planteó sobre este asunto en la última comisión de Seguridad Ciudadana.

"Teníamos serias dudas sobre que la Zona de Bajas Emisiones que aprobó la Junta de Gobierno el pasado mes de diciembre cumpliese con el decreto del ministerio. Ahora ya tenemos la certeza de que estábamos en lo cierto porque el propio gobierno ha dejado en evidencia que hicieron trampas", ha afirmado la edil, que ha insistido en que el ejecutivo ha admitido que ese entorno "incumple la normativa".

En la respuesta remitida al PSPV por el gobierno --a través de la Delegación de Policía Local, Movilidad y Espacio Público-- este indica que el Ayuntamiento está tramitando la ordenanza municipal correspondiente para adecuar la ZBE al Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, que las regula.

"La Zona de Bajas Emisiones mencionada --la referida a la APR de Ciutat Vella-- tendrá carácter transitorio y provisional en tanto se apruebe por el Ayuntamiento de València la Ordenanza correspondiente para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto citado", apunta el ejecutivo en su contestación.

Asimismo, en ese escrito, consultado por Europa Press, sostiene que "la ZBE correspondiente a la anterior APR, adoptada por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15/12/2023, es el reconocimiento de una 'situación de hecho' previa a la entrada en vigor del susodicho Real Decreto 1052/2022".

En esa línea, el equipo de Catalá agrega que "por dicho motivo, esta ZBE no está adaptada al Real Decreto 1052/2022 y tiene la naturaleza de provisional y transitoria, debiéndose adaptar al RD en el plazo de 18 meses, es decir, antes del 29 de junio del presente 2024".

Igualmente, el gobierno expone que "el Ayuntamiento deberá redactar el proyecto de ZBE previsto en el artículo 2 y siguientes del RD, así como la ordenanza correspondiente".

María Pérez ha destacado que el ejecutivo municipal establezca "una fecha tope para que la Zona de Bajas Emisiones cumpla todos los requisitos establecidos por el ministerio: el 29 de junio", pero critica que se basa "en una premisa falsa porque ese plazo hacía referencia a las Zonas de Bajas Emisiones creadas antes del decreto y no a posteriori como la de València".

"El gobierno municipal era conocedor de la normativa estatal y transformó la APR de Ciutat Vella en una Zona de Bajas Emisiones a pesar de que sabía que no cumplía los requisitos y de las advertencias que les hicimos desde el grupo municipal socialista y desde la Delegación del Gobierno", ha remarcado la edil del PSPV-PSOE.

Pérez ha lamentado que, "en lugar de corregir este incumplimiento, Catalá intentó engañarnos asegurando que València era la primera ciudad que tenía una Zona de Bajas Emisiones".

"El PP nos está acostumbrando a decir una cosa y después hacer lo contrario en todas las concejalías, pero especialmente en materia de movilidad. Nos dijo que el peatón sería una prioridad y nueve meses más tarde no solo no hay ni una medida para favorecer a los peatones sino que solo se ha fomentado el tráfico privado", ha añadido la concejala.

María Pérez ha comentado que el grupo socialista "ha destapado también las trampas del PP con las multas de las cámaras de la APR en Ciutat Vella". "La alcaldesa aseguró que no se iba a dejar de poner ni una sola multa por el apagón de las cámaras que impuso su gobierno, pero ahora también han reconocido que se ha perdido la recaudación de dos meses y medio, cerca de 2 millones de euros", ha expuesto.

"Cinismo" y "mentiras"

En respuesta a Pérez, fuentes del equipo de gobierno han asegurado que "una vez más" se asiste a "un ejercicio de cinismo y de mentiras en la izquierda valenciana, en esta ocasión, sobre la Zona de Bajas Emisiones".

Estas fuentes han pedido al PSPV-PSOE que "eche mano a la hemeroteca" para "comprobar que cuando se anunció la ZBE que coincidía con la APR en Ciutat Vella, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ya explicó que se trataba de una solución transitoria y provisional hasta que se apruebe la ordenanza definitiva que regule las ZBE en la ciudad de València".

Asimismo, han resaltado que esta normativa local "deberá estar aprobada en un plazo máximo del 30 de junio de 2024" y han manifestado que "el equipo municipal ha sido transparente desde el primer momento". "Hoy el PSOE se ha inventado algo que no existe, que ya está anunciado, y no se incumple ninguna normativa", han subrayado.

"Recortes" en Pérez Galdós

Por otro lado, el grupo socialista ha indicado que ha remitido una carta al Ministerio de Transportes para que examine "los recortes que ha implementado el gobierno de Catalá al proyecto de Pérez Galdós".

"Como con la ZBE, tenemos serias dudas de que los recortes en las aceras que ha introducido Catalá cumplan los criterios de los fondos europeos Next Generation. Dicen que sí, pero estamos demasiado acostumbrados a sus trampas y no vamos a permitir que esta ciudad pierda ni siquiera un céntimo de las ayudas de Europa para que València reduzca la contaminación que sufren sus barrios", ha declarado Pérez.