Foto: CHARLOTTE MAY/PEXELSDesgraciadamente volvemos a tener noticias sobre la ocupación ilegal de viviendas. Según las fuentes oficiales, ya somos la tercera región en ocupaciones ilegales en todo el territorio español. Miremos hacia donde miremos, de norte a sur y de este a oeste de la Comunidad Valenciana, encontramos casos de esta vulneración del artículo 33 de la CE. Recientemente hemos visto lo que ocurre en Massamagrell, pero son muchísimas las familias que ven impotentes como se vulnera su derecho a la propiedad privada.
La izquierda que ha gobernado la Comunidad Valenciana durante ocho tristes y aciagos años -y que, por desgracia, sigue en el gobierno de la Nación con el apoyo de radicales, separatistas y amigos de terroristas-, ha convertido lo que es un delito flagrante (el allanamiento), en una causa de falsa 'justicia social'. Pero no sería justo echarle toda la culpa a la izquierda. En 2015, el gobierno de Mariano Rajoy modificó el código penal para que la ocupación ilegal pasara de ser delito grave a delito leve.
Y así vemos cómo personas mayores se encuentran sin su hogar de toda la vida cuando, por desgracia, vuelven de una estancia en el hospital o han ido a visitar a sus hijos y nietos, o cómo a una familia se le arrebata la casa del pueblo heredada de sus abuelos o el apartamento de vacaciones que tanto le ha costado comprar después de años de trabajo.
No es algo ajeno; nos puede pasar absolutamente a todos. Y mientras alguien vive en tu casa, come en tu mesa, duerme en tu cama y, si tienes suerte, no destroza tus objetos personales y tus recuerdos, durante ese tiempo, seguirás pagando la hipoteca, la luz, el agua, todos los tributos y demás suministros sin poder desalojar a los ocupas ante un evidente desamparo legal. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el vulnerable? ¿Quién respeta la ley? ¿Quién merece protección y amparo?
24 horas. Sí, 24 horas. La mayoría de los países europeos cuentan con mecanismos ágiles y rápidos para desalojar a los ocupas.
En Alemania las casas se desalojan 24 horas después de que los propietarios conozcan y denuncien la ocupación.
En Francia se puede proceder al desalojo, sin orden judicial, durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho.
En Holanda una vez denunciado ante la policía y verificado el título de propiedad, esta puede personarse de inmediato con una autorización judicial para desalojar a los ocupas.
En Suecia basta con denunciar ante la policía para proceder al desalojo inmediato.
Y situaciones parecidas encontramos en Italia, Dinamarca…
Actualmente, en España, la ley desprotege al propietario y protege al delincuente.
Por eso es imprescindible afrontar la situación y buscar sin miedo y cuanto antes las medidas que protejan a la víctima e identifiquen y persigan al culpable. Nadie hay más vulnerable que quien es invadido en sus derechos más esenciales: propiedad y acceso a una vivienda digna. Y la labor del legislador no es otra que proteger con firmeza esos derechos: por un lado, aprobando leyes de sentido común, que defiendan al propietario; y por otro, generando políticas de desarrollo y de empleo, que permitan acceder a la titularidad de una vivienda, o a la libre elección de un alquiler.
Dejémonos de falsos adalides defensores de los más vulnerables: ¿cuántos de estos legisladores que desprotegen con sus políticas a las familias ceden su segunda residencia o, ya puestos, incluso la primera, a quien busca una vivienda?
Recuerden, 24 horas. 24 horas para recuperar la propiedad y salvaguardar un derecho.
