VALÈNCIA. Ya hay un principio de acuerdo entre Quabit y la empresa municipal de suelo del Ayuntamiento de Alboraya, Egusa. La Junta General de la sociedad pública, formada por los ediles del consistorio, aprobó este viernes el borrador del acuerdo que servirá para reactivar el sector urbanístico de Port Saplaya y permitirá pagar los más de 26,3 millones que la empresa municipal adeuda a la inmobiliaria. Para ello, según el documento, Egusa traspasará a la inmobiliaria los solares que ostenta en las inmediaciones del centro comercial Alcampo, y cuya edificabilidad total asciende a 52.130 metros cuadrados. El texto ha salido adelante con el respaldo del gobierno municipal del PSPV y los apoyos del PP, frente a los votos en contra de Compromís, Esquerra Unida y Ciudadanos, y con la abstención de Vox.
Quabit y la sociedad municipal emprendieron en 2008 un proyecto urbanístico fallido en Port Saplaya que incluía la construcción de 900 viviendas, un hotel, una marina, un auditorio y cientos de amarres. La fecha límite fijada para desarrollar el sector (la UE-2 Port Saplaya) era 2014, pero la crisis económica, sin embargo, impidió cumplir los plazos. Para entonces, Quabit ya había aportado 23,4 millones de euros en concepto de beneficios futuros del proyecto, por lo que demandó a la empresa municipal reclamando la devolución de dicho montante.
En 2016, el Juzgado de Instrucción número 6 dio la razón a la inmobiliaria en una sentencia ratificada posteriormente por la Audiencia de Valencia. En ella obliga a la empresa municipal Egusa a devolver los 23,4 millones de euros y otros 2,8 en concepto de intereses legales. La delicada situación de la sociedad municipal hacía difícil la devolución de la deuda, pero tras largas negociaciones y una batalla legal, ambas partes han alcanzado un acuerdo para resolver el conflicto, de manera que Egusa intentará saldar lo adeudado con los solares donde, en un principio, se iba a llevar a cabo el macro proyecto.
Esta era la deuda en aquel momento. No obstante, el acuerdo al que ha tenido acceso Valencia Plaza certifica que, a fecha de 2017, cuando el Juzgado dictó el inicio de la ejecución hipotecaria, la deuda ascendía a más de 33,8 millones de euros.
Con todo, el borrador del acuerdo al que ha dado luz verde la empresa municipal no detalla si estos solares servirán para conmutar la deuda por completo. “Las partes manifiestan su intención de articular una dación de las fincas -los solares- en pago de la deuda”, pero especifica que, en el caso de que “no permita la extinción total de la deuda”, servirá para cubrir la parte que corresponda. El acuerdo no especifica la tasación de las parcelas en cuestión, por lo que no esclarece cuál es el valor de las mismas.
La extinción de la deuda, por tanto, dependerá, por un lado, de en cuánto se valoren los terrenos y de la edificabilidad que presenten. Y es que el Ayuntamiento de Alboraya está tramitando la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que otorga a las parcelas la edificabilidad anteriormente mencionada, 52.130 metros cuadrados. Sin embargo, esto podría cambiar, dado que se encuentra en período de exposición pública y el consistorio está recibiendo numerosas alegaciones.
Además, hay otro factor a tener en cuenta. En la disputa legal, Quabit había incluido entre las parcelas una de 16.000 metros cuadrados que, alega el Ayuntamiento, es propiedad del consistorio y no de la empresa municipal, por lo que no podría entrar en esta permuta. El pasado abril, el Juzgado ordenó suspender el proceso de ejecución hipotecaria en esta parte del sector hasta que se aclare el conflicto. Así pues, la resolución de esta disensión también podría cambiar el curso de los acontecimientos, determinando si los solares que se entregan a Quabit son suficientes para pagar la deuda.
Este principio de acuerdo servirá para reactivar este sector de Port Saplaya, pero con un proyecto mucho más modesto que el presentado antes de la crisis inmobiliaria. El presidente de la inmobiliaria, Félix Abánades, rebajó las expectativas hace dos años, y avanzó que la intención ahora pasa por construir 500 viviendas en lugar de las 900 inicialmente previstas. Renunció también a la marina con cientos de puestos de embarque y al auditorio. Y aunque se resistió a renunciar al hotel, finalmente también lo hizo.
En cuanto al centro comercial de este sector, que es propiedad de Leroy Merlin y Alcampo, entre otros, Abánades consideró entonces que su situación en este enclave tiene “poco sentido” dado que es un centro “obsoleto”. Ahora bien, admitió que si la decisión de estos propietarios es quedarse, la inmobiliaria deberá adaptarse. No obstante, podrían darse negociaciones para cambiar la postura de estos centros.
El acuerdo entre ambas partes -Egusa y Quabit- deja por el camino algunas lagunas de las que el secretario municipal advierte en un informe elaborado ad hoc. Así, alerta a la empresa municipal de que “la asunción de compromisos sobre los que no tiene capacidad de disposición podría conllevar futuros incumplimientos de los que derivarían las consecuencias establecidas en el acuerdo”. Estas consecuencias a las que se refiere el habilitado son “cuantas acciones resarcitorias, impugnatorias o de otro tipo pueda emprender” la inmobiliaria, un derecho que el acuerdo reserva a Quabit en caso de que la empresa municipal incumpliera algún punto del pacto.
El secretario avisa así de que la empresa se estaría comprometiendo a cumplir determinadas cuestiones cuando, en realidad, no serían de su competencia, sino del propio Ayuntamiento. Se trata, por ejemplo, de la parcela de 16.000 metros cuadrados en liza. Egusa y Quabit condicionan el cumplimiento del acuerdo a lo que determine el Ayuntamiento. Por tanto, explica, “los aspectos procedimentales que las partes acuerden en relación con esta cuestión no vinculan al Ayuntamiento, pues es éste quien debe llevar a cabo las operaciones jurídicas y técnicas pertinentes”. Unas operaciones que, ya avanza el secretario, no permitirán cumplir con algunas de las exigencias recogidas en el acuerdo, como que dicha parcela mantenga el número registral.
Otro compromiso adquirido por Egusa y que no depende de la empresa municipal es la edificabilidad de los terrenos, que en el acuerdo se fija, como condición, que sea, como mínimo, de 52.130 metros cuadrados. Sin embargo, la potestad de planeamiento es del propio consistorio, por lo que “la posibilidad de que los parámetros urbanísticos descritos se vean modificados siempre existe, si así lo estimase en su momento” el consistorio. Y más, con un PGOU en trámite. La consecuencia de rebajar la edificabilidad, en este caso, sería, simplemente, que la dación de los terrenos no extinguiría la deuda por completo.
