VALÈNCIA. (EP). El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podem y la abstención de PP y Cs, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que recoge la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria y apuesta por la gestión pública de la misma.
Entre los aspectos novedosos de la norma están el impulso a la equidad farmacoterapéutica, la atención a la salud mental o medidas relacionadas con el impulso a la investigación biomédica y sanitaria. También promueve actuaciones para fomentar la donación voluntaria y gratuita de sangre, órganos, tejidos y células, incluyendo células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, cordón umbilical o médula ósea.
Durante el debate parlamentario, PP y Cs han coincidido en señalar que esta norma será una de las primeras que cambiarán en caso de gobernar en la próxima legislatura, tras las elecciones autonómicas de 2019.
En concreto, el parlamentario de Cs Juan Córdoba ha considerado que esta norma suponía "una gran oportunidad para avanzar, modernizar y actualizar la ley más importante de la sanidad de la Comunitat", pero ha admitido estar "decepcionado" por el resultado y la "falta de diálogo y consenso". En este sentido, ha señalado que si en la próxima legislatura Cs gobierna será "una de las primeras normas que cambie".
"Lo que interesa a los ciudadanos de la Comunitat es la progresiva mejora en la calidad asistencial y no una regulación política de la sanidad. Estamos ante una nueva farsa que utiliza uno de los pilares del Estado del Bienestar para modificar la ley e incluir postulados políticos provenientes de una ideología y todo ello adereza con nuevas incorporaciones que carecen de partida presupuestaria para llevarlo a cabo", ha reprobado.
No obstante, el parlamentario de Podem Daniel Geffner ha destacado que con esta modificación la Comunitat dispondrá de una norma "más adecuada para afrontar los retos que tiene por delante la sanidad pública valenciana". A su juicio, el texto supone "un avance" porque defiende un modelo de sanidad "pública universal, de calidad, accesible y con equidad". "Defendemos un sistema público de calidad y no de caridad y que debe contar con los recursos necesarios para garantizar atención adecuada acorde con una sociedad avanzada, justa y solidaria", ha remarcado.
Para Geffner, la ley aprobada "defiende mejor la equidad en el acceso a los servicios sanitarios públicos, refuerza la obligación de los poderes públicos de disminuir las desigualdades en salud y avanza en la protección de la salud como derecho y no como negocio", ha puesto en valor.
En similares términos se ha pronunciado la parlamentaria de Compromís Isaura Navarro, para quien se ha conseguido "consenso" en torno a esta norma que ha destacado que incorpora un lenguaje inclusivo. Asimismo, ha puesto en valor que recoge la prohibición de posiciones de dominio para que "haya más competencia cuando las empresas se presenten a concesiones sanitarias". "Es una ley que mejora la calidad, participación, da garantías y recupera derechos", ha destacado.
Para Juan Ignacio Subias del PSPV la norma contempla el cambio de modelo sanitario del Consell que se diferencia con el que defendía el PP. "Nosotros defendemos un modelo donde apostamos sistema sanitario público de gestión directa y en el que se recuperen los derechos cercenados durante años y que a tanta gente llevó a situaciones exclusión", ha apuntado.
De este modo, ha reivindicado la necesidad de esta modificación de la ley por ser un compromiso adquirido con la ciudadanía y para adecuarla a "la realidad sociosanitaria". Además, ha puesto en valor que se ha llevado a cabo de acuerdo con los principios de "transparencia, una visión integral, el respeto a la autonomía personal, la recuperación de derechos y la universalización". "Hoy aprobamos una ley buena que defiende los intereses públicos y de los ciudadanos", ha reivindicado.
Para el diputado 'popular' José Juan Zaplana se trata de una nueva "chapuza" del Consell, consecuencia de la "pésima y caótica" gestión de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que "pone en peligro" la salud de los ciudadanos.
Ha señalado que esta norma ya tuvo que ser modificada por los informes de la abogacía y Consell Juridic en la fase de anteproyecto y ha criticado que da competencias Inconstitucionales a los ayuntamientos, crea organismos y plataformas que ya existen, y "cercena muchos derechos de los ciudadanos".
En su intervención, Zaplana ha acusado a Montón de "hacer negocio" con la sanidad y, en este sentido, ha señalado que ha contratado a una empresa vinculada a Artur Más y que está siendo investigada. Ha explicado que hace unas semanas hubo un gran problema con los historiales clínicos de los pacientes de la Ribera y la conselleria para solucionar el problema "le propuso a Microsoft que suministrara los permisos en virtud del contrato actual de la conselleria".
"La multinacional le contestó que no, y como no iban a acceder a fraccionamiento de contratos y a acudir a la fórmula de enriquecimiento injusto, se ha buscado a la empresa 'Seidor".
Esta mercantil, ha puntualizado, aparece en distintas informaciones periodísticas por "estar vinculada con el cuñado del expresidente Artur Mas, e investigada por la organización del referéndum ilegal del 1 de Octubre y por adjudicaciones y blanqueo de más de 40 contratos por valor de 450 millones de euros".
"¿Esto es colaboración público privada? ¿Esto es hacer negocio con la sanidad?", se ha preguntado para acusar al Consell de "poner en peligro la salud de todos por mantener en su puesto a una pésima consellera".