VALÈNCIA (EP). El Colegio Oficial de Auditores de la Comunidad Valenciana ha constatado un crecimiento de los concursos de acreedores y disoluciones en esta autonomía durante los primeros meses de 2022 con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y a pesar de la nueva moratoria concursal prorrogada hasta junio de este año, según ha informado la entidad en un comunicado.
Así, ha señalado que este aumento se debe, entre otros factores, a la crisis generada por la pandemia de la covid-19 y al consiguiente parón económico.
Tras conocerse los datos sobre concursos y disoluciones publicados por el Registro Mercantil, los auditores destacan que en la Comunitat Valenciana se ha incrementado el número de concursos de acreedores, que ha ascendido a un total de 161, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Las disoluciones han sido 933, una cifra que representa un 16% más que en 2021.
El vocal de la junta directiva del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana y responsable de los asuntos judiciales, José Andreu, ha señalado que esta circunstancia "es coherente con la situación de inestabilidad económica que ya se viene padeciendo desde los últimos meses del año 2021".
Andreu ha explicado que los efectos arrastrados de la situación sanitaria, los incrementos significativos en los precios de determinadas materias primas y la inestabilidad internacional por el conflicto bélico en Europa son factores que han incidido en la evolución de las insolvencias en estos meses.
Asimismo, ha comentado que "el incremento en las disoluciones de sociedades viene dado en gran medida por la mayor conflictividad entre los socios de las compañías.
El Colegio Oficial de Auditores de la Comunidad Valenciana ha comentado que las cifras de estos primeros meses del año colocan a la Comunitat Valenciana "entre las autonomías españolas con mayor aumento del número de concursos y disoluciones" y ha resaltado que supera "la media nacional, que se sitúa en una crecida del 7,5% en el caso de los concursos de acreedores y un incremento del 12,5% en el de las disoluciones.
José Andreu ha manifestado que "la situación de la Comunitat Valenciana en este sentido es especialmente sensible debido al tipo de tejido empresarial existente, que se ve especialmente afectado en estos períodos de inestabilidad económica". "Una parte importante de este incremento del número de concursos tiene su origen en los procedimientos concursales de personas físicas naturales no empresarios y en los autónomos", ha precisado.
En esta autonomía, los sectores más afectados por esta situación han sido el del comercio, la construcción y las actividades inmobiliarias. El comercio cuenta ya con 43 concursos iniciados, mientras que las empresas de construcción y las actividades inmobiliarias cuentan con 248 en lo que va de año.
"El sector de la construcción se ha visto muy golpeado por el incremento significativo en el coste de las materias primas, que en muchos casos ha obligado a las empresas a tener que paralizar las obras en curso. Toda esta inestabilidad e incertidumbre ha repercutido también negativamente en el consumo, lo que ha afectado al pequeño comercio", ha añadido el experto en auditoría del Colegio Oficial de Auditores.
Además, en la actualidad los negocios que más se resienten dentro de estos sectores empresariales son las microempresas y las pequeñas empresas valencianas. Estas acumulan en los primeros meses del año un 87% de concursos iniciados en el mes de febrero y un 12% respectivamente.
José Andreu ha aseverado que "las pequeñas y medianas empresas son la principal fuente de empleo y riqueza" en la Comunitat Valenciana y ha afirmado que se debe "tratar de facilitar su viabilidad", poniendo los conocimientos y la experiencia de los auditores "para la detección de los problemas con suficiente antelación y que puedan ser viables".
El Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana representa a los auditores de Valencia, Castellón y Alicante desde 2002. La entidad cuenta con 500 colegiados y 450 sociedades de auditorías que revisan la actividad contable y administrativa de cerca de 4.000 empresas en esta autonomía.
Este colegio profesional pertenece al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y "vela por la defensa de las obligaciones profesionales y los intereses de este colectivo, que permite elevar los estándares de transparencia y confianza de toda clase de entidad pública o privada", ha destacado la entidad.
