CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Segorbe se juega cerca de 100.000 euros en un litigio contra la constructora castellonense Civicons. Una disputa que se arrastra por la construcción de un centro hípico-deportivo en el municipio que se estrenó en 2011 pero cuyo contrato de obras, adjudicado a la compañía, sigue trayendo cola doce años después. Ahora, la cuestión ha llegado al Tribunal Supremo, que examinará la disputa de la que dependen 97.000 euros que la firma adeudaría al consistorio.
El conflicto se remonta a 2014, cuando el consistorio resolvió imponer penalidades a la compañía por una infracción "muy grave" del contrato, que exigía la contratación de personal desempleado. En base a ese incumplimiento, que afectaba a 19 trabajadores, el Ayuntamiento impuso una multa de casi 94.000 euros, además de otros 211.000 euros en concepto de ahorro económico del que se habría beneficiado la mercantil con su infracción. Sin embargo, Civicons llevó al contencioso-administrativo la multa.
Allí, el juzgado falló en 2018 parcialmente a favor de la firma y anuló la resolución consistorial, si bien confirmaba la obligación del pago de 211.000 euros por parte de la compañía, pero tras un nuevo recurso, cuatro más tarde la justicia sentenciaría que tras la compensación de créditos relativa al contrato, quedaba todavía un saldo a favor del consistorio de cerca de 97.000 euros.
La constructora acabó recurriendo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano al considerar que la deuda ya estaba prescrita dado que ni el Ayuntamiento ni el proceso judicial habían suspendido los plazos de prescripción. Frente a la postura consistorial, que sostenía que el plazo de prescripción de cinco años no se había cumplido para reclamar ese dinero.
A la postre, la sala de lo Contencioso del alto tribunal valenciano aclaró que se trata del ámbito de "la contratación pública y no el de la actividad tributaria", con lo que debe hacerse un "uso distinto" de la figura de la prescripción. Y así, consideró que el consistorio "no estuvo haciendo dejadez ni estuvo inactivo" sino que "se limitó a mantener una actividad prudente antes de reclamar el pago" de la deuda "esperando a contar con una decisión judicial".
Llegados a este punto, la constructora siguió con el litigio y elevó la cuestión al Tribunal Supremo, alegando que el plazo de prescripción aplicable es de cuatro años y no de cinco como asegura el consistorio. Y plantea al alto tribunal la cuestión que es objeto de casación, y sobre la que podrá sentar jurisprudencia: si la existencia de un proceso judicial de este tipo supone la interrupción de los plazos de prescripción o no. Así, la decisión del Supremo determinará la conclusión de esta disputa y servirá para otros casos de índole similar.
El objeto del contrato era la construcción del centro hípico-deportivo del municipio. Una obra que, según la firma, está construida en un solar de 7.000 metros cuadrados, dispone de la infraestructura para albergar 54 caballos permanentemente en sus boxes y consta de tres edificios para sus actividades: un Club Social, un Edificio de Cuadras para alojamiento de los caballos y un Edificio de Servicios para las actividades complementarias al deporte hípico. Asimismo, cuenta con dos pistas de entrenamiento.
Desde 2018, las instalaciones estaban cerradas a la espera de candidatos para su gestión, que ecientemente, y tras un concurso público, ha sido adjudicada a la Universidad Católica de Valencia (UCV), la única propuesta que se presentó, con un proyecto que incluye una inversión de 1.436.929 euros y un canon anual de 8.000 euros. Allí, la UCV impartirá el Grado en Veterinaria que incluye una Unidad de Grandes Animales del Hospital Veterinario de la UCV y la posibilidad de celebrar eventos como el Campeonato de España Universitario de Hípica.
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