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el tribunal de cuentas podría pedirles el "reintegro"

Bonig, Císcar, Fabra y Monzó, entre los posibles responsables contables por la compra de Valmor

23/02/2017 - 

VALÈNCIA. La apertura por parte del Tribunal de Cuentas de un "procedimiento de reintegro por presuntas responsabilidades contables derivadas de la compra de la empresa privada Valmor Sports" ha sembrado la inquietud en los responsables de aquella de decisión que ocasionó un perjuicio económico a la Generalitat de al menos 23,87 millones de euros.

Entre quienes tendrían que afrontar el reintegro del dinero perdido en caso de condena, a falta de saber a quiénes acusan la Generalitat y el Ministerio Fiscal, están destacados dirigentes del PP valenciano, como su presidenta, Isabel Bonig; el presidente provincial del PP de Alicante, José Císcar, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, además del expresidente y senador Alberto Fabra.

Como informó este martes Valencia Plaza, el Consell de Ximo Puig se va a personar y deberá cuantificar los daños causados a las arcas públicas así como los presuntos responsables, que podrían ser tanto los miembros del Consell presidido por Alberto Fabra que en diciembre de 2011 aprobaron la operación como los miembros del consejo de administración de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que ratificó la compraventa en marzo de 2012.

La Abogacía de la Generalitat aún no ha decidido a quiénes señalará como responsables, según fuentes de Presidencia. Si fuesen condenados por el Tribunal de Cuentas, los responsables deberían reintegrar personalmente el dinero perdido.

Según ha podido saber Valencia Plaza, varios miembros de aquel Consell y también algunos miembros del consejo de administración de Circuito del Motor han mantenido contactos en las últimas 48 horas, preocupados por la continuación de este procedimiento. También han consultado con abogados y especialistas en la materia. 

¿Quienes aprobaron la operación?

La empresa privada Valmor Sports, participada al 33% por Bancaja, Fernando Roig y una sociedad formada por Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino, fue adquirida en febrero de 2012 por un euro por la empresa publica Circuito del Motor. Esta sociedad absorbió Valmor y asumió todas sus deudas, cifradas en unos 30 millones de euros, parte de ellas con la propia Generalitat. 

La operación fue cuestionada por la Sindicatura de Comptes tanto en las formas como en el fondo. El organismo auditor de la Generalitat cifró en al menos 23,87 millones de euros las pérdidas que había ocasionado al erario valenciano. Por ello, en septiembre de 2013, los diputados de Compromís Fran Ferri y Mónica Oltra -hoy vicepresidenta del Consell- presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por "el presunto saqueo de las arcas públicas".

Reunión del Consell que presidía Alberto Fabra en 2011. Foto: GVA

La operación fue aprobada por el Gobierno de Fabra el 9 de diciembre de 2011, en una reunión en la que el Consell se constituyó como junta general universal de Circuito del Motor, empresa de la que el socio único es la Generalitat.

Aquel Consell tenía once integrantes: Alberto Fabra, Paula Sánchez de León, José Císcar, Isabel Bonig, José Manuel Vela, Enrique Verdeguer, Serafín Castellano, Lola Johnson, Maritina Hernández, Jorge Cabré y Luis Rosado.

La operación fue consumada por el consejo de administración de Circuito del Motor el 7 de marzo de 2012. Aquel consejo estaba presidido por la entonces consellera Lola Johnson y formaban parte de él otros altos cargos de la Generalitat: Rafael Ripoll, Luis Lobón, Bruno Broseta, Eusebio Monzó, José López Jaraba (entonces director general de RTVV), Mateo Castellá y José Miguel Escrig Navarro.

Proceso civil, no penal

El procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas es paralelo e independiente del que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, conocido como caso Valmor, en el que están imputados el expresidente del Consell Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez Aspar.

Se trata de un proceso dirigido a recuperar el dinero que perdió la Generalitat con la compraventa. Según la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, "si bien los hechos sobre los que giró la instrucción podían constituir un daño lesivo en los fondos públicos de la Generalitat valenciana, sin embargo, no concurrían en los mismos todos los elementos de un supuesto de responsabilidad contable por alcance".

Rita Barberá y Alberto Fabra, en el Gran Premio de 2012. Foto: GVA

A pesar de ello, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía de la Generalitat solicitaron al Tribunal de Cuentas que continuara con el procedimiento, a lo que este organismo ha accedido. 

¿Qué es la responsabilidad contable?

Algunas características de la responsabilidad contable son que se trata de una especie dentro del género de la responsabilidad civil, que el contenido esencial consiste en la obligación de indemnizar daños y perjuicios por quienes los causen en el ejercicio de su cargo y con motivo del manejo de caudales o efectos públicos y que se trata de una responsabilidad con efectos patrimoniales y no sancionadores.

Es totalmente compatible con la responsabilidad disciplinaria y con la responsabilidad penal. 
Las causas de exención de la responsabilidad contable son la obediencia debida y el incumplimiento por otras personas de sus obligaciones específicas.

Mariscal de Gante (primera por la derecha) en el pleno del Tribunal de Cuentas. Foto: TC

La consejera titular del Departamento Segundo del Tribunal de Cuentas que instruye este procedimiento es Margarita Mariscal de Gante, magistrada que fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar (1996-1999). Mariscal de Gante fue diputada por el PP en la legislatura siguiente y en 2002 sustituyó como vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados a Francisco Camps, quien dejó el cargo para preparar su candidatura a la presidencia de la Generalitat, que alcanzó en 2003. Camps está imputado en el caso Valmor, en el que se investigan presuntos delitos en la organización de la Fórmula Uno en Valencia, incluida su venta. 

Tanto el Ministerio Fiscal como la Generalitat, que pidieron a la instructora continuar con el proceso, tienen nueve días desde el pasado lunes para presentar la demanda donde deberán cuantificar el daño causado y señalar a los, a su juicio, responsables. También puede hacerlo la sociedad Circuito del Motor, aunque es poco probable que lo haga, ya que no ha intervenido hasta ahora en el procedimiento.

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